El conseller de Educació, Martí March, ha anunciado este viernes que el Govern emprenderá acciones judiciales y presentará un recurso para impugnar el real decreto aprobado por el Gobierno central que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato derivadas de la LOMCE.
March ha comparado dichas pruebas de evaluación con «la reválida franquista» durante la rueda de prensa en la que ha explicado que el Consell de Govern ha encomendado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que inicie acciones judiciales para impugnar el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.
El conseller ha señalado que la impugnación en los tribunales se suma a la petición formal que ha realizado al Ministerio de que convoque urgentemente la conferencia sectorial de Educación para analizar estas pruebas a las que ha dicho que se oponen la mayoría de las comunidades autónomas.
March ha abogado por paralizar la aplicación de la LOMCE porque considera que no da respuesta a las necesidades de la sociedad actual y en particular ha criticado que se obligue a la comunidades a correr con los gastos de organizar unas pruebas de evaluación a las que se oponen y que en el caso de Baleares tendrían que hacer unos 6.000 alumnos el próximo curso.
El conseller ha admitido que este recurso «es un gesto político pero tiene una base legal y desde luego educativa».
«Pensamos que hay una base legal para recurrir este real decreto hecho por un Gobierno en funciones», ha añadido March, quien ha recordado que el Consejo de Estado ha dicho que en estas evaluaciones externas «falta participación de la comunidad educativa» y además considera que «puede haber también invasión de competencias autonómicas».
March se opone a estas pruebas porque considera que dan de lado a la evaluación permanente y continua y por tanto «tienen efectos en contra del esfuerzo cotidiano» y además no mejoran ni la equidad ni la calidad del sistema educativo.
Ha señalado que, si bien el primer curso no tienen efectos académicos, si estas pruebas se consolidan «pueden condenar a un estudiante» que haya aprobado los cuatro cursos de ESO o los dos de Bachillerato y que no logre superarlas y no obtenga titulación.
Según el conseller, eso obligaría a los alumnos de cuarto de ESO a matricularse en ciclos de formación profesional básica y a los de bachillerato les impediría acceder a la universidad y a la enseñanza artística superior.
«Las evaluaciones externas, que son necesarias para mejorar el sistema educativo, no son estas pruebas que tienen efectos académicos sobre los alumnos», ha dicho March.
El conseller ha recordado que la ley en sí misma ha sido recurrida por varias autonomías ante el Tribunal Constitucional y ha afirmado que «tiene en contra a las comunidades autónomas y a la comunidad educativa».
«Es una ley segregadora y elitista que no responde a las necesidades de una sociedad cada vez más formada», ha afirmado March, quien cree que «a la corta o a la larga esta ley desaparecerá».