El Govern solicitará la convocatoria de la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado para tratar la problemática de la aplicación apresurada del calendario de implantación de la Lomce en la evaluación final en la ESO y Bachillerato y, si procede, adoptar «medidas legales».
El objetivo de estas posibles acciones judiciales serán para «evitar o minimizar los perjuicios que esta implantación puede causar en los centros y en la comunidad educativa en general, especialmente en relación con la organización del curso escolar».
Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de medidas de carácter institucional, jurídico y educativo que el Govern considera necesarias para hacer frente a la aplicación de la Lomce y las consecuencias que de ella se derivan.
La portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, ha informado en rueda de prensa de este acuerdo que se ha aprobado este viernes en el Consell de Govern.
Actualmente, la Conselleria de Educación y Universidad ha iniciado una ronda de reuniones con diferentes colectivos del ámbito educativo para plantear una estrategia común ante las reválidas previstas por la Lomce en Secundaria y Bachillerato para este curso. Además también se ha creado un grupo de trabajo entre la Universitat de las Illes Balears y el Govern sobre las pruebas de Bachillerato, explica el acuerdo.
Por otro lado, el pasado viernes, el Consell de Govern autorizó a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula las evaluaciones finales de Eso y Bachillerato por la Lomce.
A pesar de que en el curso actual no tienen que tener efectos académicos, las reválidas de la Lomce al implantarse con todos los efectos el curso 2017/18, privarán de la titulación de ESO y Bachillerato a los estudiantes que a pesar de que hayan aprobado los cuatro cursos de ESO y los dos de bachillerato, no pasen las evaluaciones finales de cada ciclo.