El Govern quiere que Balears tenga su propia ley de consultas para que los ciudadanos decidan con su voto asuntos de especial relevancia para la Comunitat a pesar del riesgo de que el texto acabe impugnado ante el Tribunal Constitucional. La Conselleria de Transparència i Participació ya se ha puesto a trabajar en un texto que presentará en un mes que regula cómo se realizarán esas consultas y quién podrá participar en ellas.
El director general de Transparència, Miquel Gallardo, asegura que el objetivo es dar voz a los ciudadanos para que decidan. «No puede ser que los ciudadanos solo participen cada cuatro años: hay que ir empoderando a la población para que sean agentes activos en la toma de decisiones», asegura.
Tres tipos de consulta
La aprobación de esta ley chocará seguro con el Gobierno central, que ya ha impugnado propuestas similares de otras comunidades autónomas. Hay leyes aprobadas en Canarias, Andalucía, País Vasco y Catalunya, pero todos los reglamentos que se han aprobado para desarrollar el texto han acabado en el Constitucional.
Canarias intentó hacer una consulta sobre las prospecciones petrolíferas que fue anulada, igual que la consulta soberanista sobre Catalunya. Andalucía recibió una advertencia de inconstitucionalidad cuando desarrolló el reglamento. Pese a ello, el Govern se acoge al artículo 31 del Estatut para asegurar que tiene competencias.
Por lo que se refiere al contenido del texto, el Govern trabaja sobre la posibilidad de hacer tres tipos de consultas: locales, insulares y autonómicas. La primera de ella permitirá consultar sobre la peatonización o no de una calle; la segunda permitirá consultar sobre asuntos como la construcción de una carretera y la tercera, la autonómica, podría afectar a temas relacionadas con medidas ambientales, según señaló Gallardo. No se podrán consultar materias relacionadas con la Hacienda o la aprobación de tributos como la ecotasa.
Deberá elaborarse un censo propio que no será el que se usa para las elecciones. La intención es tener como base los padrones municipales y ampliar la participación a los menores de 16 años. Eso implica, además, que podrán participarse los residentes extranjeros que lleven un determinado tiempo de residencia en las islas.
¿Quién podrá convocar el referéndum autonómico? En principio, la idea con la que se trabaja es que sea la presidenta del Govern, si bien además también se estudia que pueda hacerse a instancias de un porcentaje de los ayuntamientos de las Islas o por iniciativa ciudadana tras un proceso de recogida de firmas.
Habrá urnas pero no se sabe si serán o no vinculantes
El Govern asegura que alguna de las consultas, especialmente las que afecten a temas sustanciales, se harán mediante urna, aunque muchos otros se podrán hacer por vía telemática. Lo que está claro es que se darán por válidas sea cual sea la participación y falta por determinar si además serán vinculantes o simplemente serán consultivas. Esa una de las decisiones que se debe discutir entre los socios del Govern, aunque la mayoría de las leyes aprobadas por otras comunidades autónomas, como la andaluza o la canaria, son meramente consultivas.