La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha asegurado que el ejecutivo está abierto a incorporar aportaciones de entidades y grupos políticos a la Ley de Vivienda cuyo borrador se ha dado a conocer esta semana, un texto que ha defendido frente a las críticas de promotores y de Podemos.
«El Govern escuchará y estudiará todas las alegaciones que se presenten», ha señalado Costa, quien ha subrayado que el borrador de ley es fruto de un «trabajazo» por parte de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad y responde al compromiso de los partidos que conforman el pacto de gobernabilidad, que son PSIB, MÉS y Podemos.
La portavoz ha insistido en que «ni siquiera es un proyecto de ley aprobado por el Consell de Govern», por lo que habrá oportunidad de enmendarlo, y ha apuntado que Baleares es la única comunidad que carece de una ley que regule un derecho básico como es el acceso a la vivienda.
Sobre el aspecto más polémico del borrador, la cesión obligatoria para alquiler social de pisos de propietarios de más de 10 viviendas que lleven 2 años vacíos, Costa ha destacado que no afecta a particulares que tengan un patrimonio inmobiliario modesto sino a «grandes propietarios».
En alusión a las críticas de quienes consideran que la cesión obligatoria puede ser inconstitucional, ha declarado que «no será la primera ley que regula la propiedad privada» y ha prometido «garantías de constitucionalidad».