Miles de pasajeros en tierra, estado de emergencia nacional y agentes armados de la Guardia Civil en las torres de control. Hace seis años, en pleno puente de la Constitución de 2010, los controladores aéreos de toda España dejaron sus puestos de trabajo. Alegaban una situación de estrés derivada del prolongado conflicto laboral que mantenían con el Ministerio de Fomento y Aena. Un juzgado de Palma, otro de Madrid, la Fiscalía y varias acusaciones particulares comparten que lo ocurrido esos días fue una huelga encubierta: una acción coordinada de los controladores para presionar al Ejecutivo en unas fechas clave.
La causa que se sigue en Palma tiene la instrucción terminada y está lista para que las acusaciones presenten sus conclusiones provisionales contra 84 controladores. En Madrid, los imputados han iniciado negociaciones: aceptarían una condena siempre que no suponga su despido.
De todos los procedimientos judiciales sólo siguen abiertos los de Mallorca y Madrid. En Palma estuvo a punto del archivo, pero la Audiencia Provincial forzó su reapertura. Una de las claves fueron las conversaciones grabadas en la torre entre los controladores: «La cosa está en un desenchufe general en toda España. Esto acabará con el Gobierno, ya verás». «Hay que volver a hacerla en quince días». «En cuanto dejemos de ser militares otra, ¡pum!» Todas estas frases que se cruzaron los protagonistas llevaron a concluir que lo que ocurrió fue una «huelga salvaje» y a continuar la tramitación de la causa por un delito de sedición, tal y como planteaba la fiscal. Ahora, los 84 imputados están a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación que han presentado para intentar evitar así el banquillo de los acusados.