El espectacular aumento del número de infracciones por obras ilegales en suelo rústico se debe, en el 80 por ciento de los casos, a construcciones destinadas al alquiler turístico. «La amenaza para el suelo rústico no está en las viviendas, sino en el alquiler vacacional», dijo Mercedes Garrido, consellera de Territori del Consell.
Garrido y el presidente de la Agència de Defensa del Territori, Bartomeu Tugores, presentaron este martes el balance de actuaciones de 2016, que deja a las claras el aumento de vigilancia en materia de disciplina urbanística.
En 2016 se realizaron un total de 569 inspecciones, más del doble de las realizadas un año antes (un total de 260). Se dictaron 22 nuevas órdenes de demolición y se realizaron un total de 26 demoliciones.
Además de las órdenes para demoler las obras ilegales, muchos de los expedientes se resuelven con una multa equivalente al valor de las obras ejecutadas. Las sanciones sumaron un total de 1,7 millones de euros, una cantidad muy superior al millón de euros impuesto un año antes. A ello se suman otros 300.497 euros de multas añadidas para aquellos que se niegan a ejecutar las obras de demolición una vez que han sido pillados. Es la primera vez que se han impuesto estas multas coercitivas, según explicó el director de la Agència de Defensa del Territori.
Durante el año pasado se iniciaron además 160 expedientes sancionadores o de demolición, cifra superior a los suma de los expedientes iniciados en la anterior legislatura.