Més per Menorca ha presentado una propuesta en el Parlament para crear una comisión que estudie iniciar la reforma del Estatut d'Autonomia, del que ahora se cumplen diez años de vigencia. La única intención que tiene el partido menorquín con esta propuesta es suprimir el aforamiento, es decir, que los diputados y los miembros del Govern dejen de tener un trato especial cuando son citados por los jueces.
El Estatut d'Autonomia establece que parlamentarios y miembros del Govern solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y no por los tribunales ordinarios, lo que supone un claro privilegio con respecto al resto de los ciudadanos.
Como en Murcia
El Parlamento de Murcia acaba de aprobar los trabajos para suprimir los aforamientos, pero en Balears la cosa está un poco más complicada, a pesar de que todos los partidos con representación parlamentaria dicen que están de acuerdo con la medida.
La realidad es que, para poder reformar el Estatut, se necesita el voto de los dos tercios de la Cámara, lo que se conoce como mayoría cualificada. Ello significa que cualquier posible modificación debe pasar necesariamente por el apoyo del PP, algo que no está claro.
Su portavoz en la Cámara, Margalida Prohens, ha asegurado que los ‘populares' apoyarían una reforma del Estatut «de mínimos», es decir, que solo afecte a los aforamientos, pero aseguran que temen que Podemos aproveche que se abre este debate para incorporar otros elementos «peligrosos» propios de un partido «antisistema», según la portavoz.
Las palabras de Prohens han enfriado el debate sobre la reforma, pero Més per Menorca quiere poner de nuevo este asunto sobre la mesa, más ahora que, al no formar parte del Govern, tiene las manos libres para hacer propuestas sin condicionantes previos.
Más rapidez
El portavoz de los menorquines, Nel Martí, quiere que el ejemplo de Murcia se extienda a Balears y por eso presionará para que la comisión se constituya cuanto antes. El proceso es complicado porque no basta con la aprobación de los dos tercios de la Cámara balear. A tratarse de una ley orgánica, debe recibir el visto bueno de Congreso y Senado, algo que a su vez implica el voto favorable del PP y del PSOE en las Cortes. Todo el proceso puede durar los dos años que quedan hasta que se disuelva el Parlament y se convoquen nuevas elecciones autonómicas.