La Intervención General del Govern ha concluido que ha habido un «fraccionamiento indebido del objeto» en dos contratos menores para estudiar los hábitos de consumo adjudicados por la Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes a empresas del jefe de campaña de MÉS Jaume Garau.
El informe definitivo de control financiero es la revisión del cumplimiento de la legalidad de seis contratos adjudicados entre marzo de 2016 y marzo de este año, algunos de ellos todavía en ejecución, y lo ha llevado a cabo la Intervención a petición del Consell de Govern, ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado.
El informe constata que todos los contratos analizados tienen correctamente determinado el objeto, precio, crédito y gasto.
De todos los contratos analizados, los interventores concluyen que se ha producido un fraccionamiento indebido del objeto en el contrato menor de servicios para el estudio del impacto económico de los hábitos de consumo de cultura y en el contrato menor para la realización de trabajos técnicos de 1.600 encuestas sobre hábitats de consumo de la cultura de Baleares.
Señalan que «el importe de la suma de ambos supera el umbral» determinado a la legislación de contratación pública. Fueron adjudicados a Consultores de Políticas Comunitarias y PSYMA.
Respecto a los errores en la tramitación administrativa y deficiencias de menor entidad, el informe resuelve que el contrato menor de servicios para el estudio de satisfacción turística fue ofrecido por 18.000 euros, un céntimo por encima del que se dispone como umbral en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Servicio Público.
Precisan que después fue adjudicado por una cantidad dentro de lo que marca la legislación, a Regio Plus Consulting.
El informe también sostiene que en el contrato de servicios para el diagnóstico del tejido empresarial de las Islas Baleares, por algo más de 59.000 euros, no se hizo un trámite previo necesario para «un ajuste de anualidades», si bien destaca que se trata de un error «enmendable» y que «la omisión de este trámite no determina que no se haya tramitado el expediente conforme a la legalidad vigente».
Finalmente, también se apunta que en el contrato menor de servicios para la realización de un estudio del público de la Orquesta Sinfónica no se tramitó la comunicación al Registro de Contratos Públicos para su publicación en la plataforma de contratación.
Fue otorgado por 17.500 euros a Consultores de Políticas Comunitarias.
Los interventores aprecian la tramitación «sustancialmente correcta» de los contratos de desarrollo rural, satisfacción turística y tejido empresarial, dependientes de las consellerías de Innovación, Investigación y Turismo y de Medio ambiente, Agricultura y Pesca.
Esta fiscalización de los órganos de Intervención encargada por el Consell de Govern cierra el control financiero de los contratos mencionados.
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