El Govern estaba en su derecho de dejar de pagar el nivel 33 a los funcionarios que en algún momentos de sus vidas ocuparon cargos políticos. Lo afirma el juez Pere Antoni Mas Cladera en una sentencia que desestima la demanda presentada por una docena de excargos del PP que perdieron este plus a partir de la nómina de enero de 2016. Entre ellos se encuentra la actual diputada del PP en el Parlament Antònia Perelló, que trabaja en la Abogacia de la Comunitat.
El llamado nivel 33 es un plus que perciben los funcionarios por el mero hecho de haber estado en un cargo político durante al menos 2 años de su vida. La Ley de Presupuestos de 2016 establecía su supresión a partir del 1 de enero de ese año, por lo que una cincuentena de excargos públicos que lo cobraban hasta entonces presentaron demandas. Las dos primeras sentencias rechazan esta pretensión.
La sentencia señala que el nivel 33 se incluyó en los Presupuestos del Estado del año 1990 y se trataba de una previsión aplicable de forma única y exclusiva a los funcionarios de la Administración General del Estado.
«El proceso de implantación del denominado nivel 33 fue fruto de un afán emulativo que dio lugar a que, lo que inicialmente estaba previsto para muy pocos casos en el Gobierno de la Nación y en la Administración General del Estado, se extendiera en el seno de esa misma administración y en las comunidades autónomas y administraciones locales, perdiendo su carácter primigenio», apunta la sentencia.