La asociación profesional de Guardias Civiles JUCIL denunció este miércoles el «éxodo» de guardias civiles en Baleares tras la resolución del último movimiento nacional de vacantes. El archipiélago ha perdido 70 agentes desde este pasado martes, al cubrirse solo 15 de las 165 plazas ofertadas, lo que supone apenas un 9% de reposición con efectivos procedentes de fuera de las islas.
Según los datos facilitados por la asociación, 85 agentes han obtenido destino fuera de Baleares, mientras que únicamente 15 nuevos efectivos se incorporarán a las comandancias insulares. Además, de esas 15 incorporaciones, cinco se producen de manera forzosa, lo que implica que estos agentes solo estarán obligados a permanecer un año en el territorio. En cuanto a la situación de las Pitiusas se refiere, Ibiza pierde un total de 22 agentes, teniendo en cuenta que se van 27 y tan solo llegan 5. De esos recién llegados, un total de cuatro de ellos acuden a la mayor de las Pitiusas de manera forozosa, lo que implica que dentro de un año podrían solicitar su marcha. La peor parte en cuanto a municipios, aseguran desde la asociación Jucil, se la llevan en primer lugar San Josep y después Sant Antoni, puesto que son las que más efectivos pierden.
Por su parte, Formentera queda en la misma situación, puesto que se marcha un agente y llega otro. Sin embargo «siguen sin cubrirse las 19 plazas que se ampliaron», según precisaron desde Jucil.
La pérdida de personal coincide, según subrayó JUCIL, con un contexto de creciente presión demográfica y aumento de la criminalidad, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior.
La asociación advierte de que Baleares afronta un escenario «sin precedentes» marcado por tres factores principales: el aumento sostenido de la población —más de 400.000 nuevos residentes estables en pocos años—, la intensa presión turística que se extiende desde Semana Santa hasta octubre y el repunte del fenómeno migratorio.
En este último ámbito, JUCIL señala que las mafias han detectado el archipiélago como vía de entrada a la Unión Europea, lo que ha provocado un incremento de llegadas irregulares por mar. Solo en los tres últimos días de buen tiempo han arribado a las costas baleares 300 personas en situación irregular, una circunstancia que, a juicio de la asociación, requiere mayor presencia policial.
«Resulta incomprensible que, ante parámetros que exigen un refuerzo de la seguridad, la realidad sea una pérdida constante de capital humano», lamentan desde la organización.
Alto coste de vida
Para JUCIL, el principal motivo de la fuga de agentes es el elevado coste de la vida en Baleares, especialmente el acceso a la vivienda. La asociación insiste en que la solución pasa por una actualización real del plus de insularidad.
Tras meses de anuncios y la firma del acuerdo marco de la Función Pública el pasado diciembre, la organización denuncia que se ha producido una «falsa equiparación» con Canarias ya que a Baleares se le niega el complemento por trienios del que sí disfrutan los agentes destinados en el archipiélago atlántico. La «expectación e ilusión» generada en noviembre de 2025 se ha tornado, aseguran, en «resignación y solicitudes de traslado».
Horizonte crítico
La situación podría agravarse en cuestión de semanas. En marzo se publicará un nuevo movimiento nacional y, según las estimaciones de JUCIL, hasta 400 de los 450 agentes que quedarán libres de compromiso de permanencia antes de final de año podrían solicitar destino fuera de Baleares si no se adoptan medidas «inmediatas y tangibles».
Desde la asociación, que cuenta con más de 15.000 afiliados en toda España, reclaman un modelo de insularidad diferenciado y adaptado a la realidad socioeconómica de las islas. «La seguridad de los ciudadanos de Baleares no puede ser moneda de cambio en las mesas de negociación en Madrid», concluyen.
No me extraña la narcoisla cada vez tiene el futuro mas negro