La decisiva reunión que celebraron ayer los partidos del Pacte para salvar los últimos escollos de la ley de alquiler vacacional acabó con un principio de acuerdo: se ‘salva' la esencia de la ‘ley Barceló' y queda en manos del Ajuntament de Palma y de los consells la decisión de prohibir o no el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares.
A cambio, Podemos ha conseguido que la ley incluya una de sus reivindicaciones más importantes: el concepto de «emergencia habitacional» como causa para prohibir totalmente los alquileres en plurifamiliares.
La clave: el artículo 49
La esencia del acuerdo al que se llegó ayer, pendiente de unos flecos que se cerrarán el lunes, pasa por lo siguiente: la ley recupera el polémico artículo 49, por el que se permite el alquiler vacacional en pisos. Esa era la exigencia del Govern.
En paralelo, el texto incluirá un nuevo artículo en el que se señala que, en casos de «emergencia habitacional», esta facultad quedará suspendida en Palma y en Eivissa.
Ese nuevo concepto jurídico, el de la «emergencia habitacional», quedará desplegada en un reglamento posterior a la ley que definirá qué implica esa emergencia, en qué circunstancias se declarará y qué acciones deben acompañar a esa declaración.
El vicepresident del Govern, Biel Barceló, señaló al término de la reunión que entre esas acciones figurará, por ejemplo, la aprobación de ventajas fiscales de ayudas y subvenciones para la vivienda, además de la prohibición de alquiler vacacional. Este desarrollo reglamentario deberá estar listo en cuatro meses.
El acuerdo se alcanzó tras una larga reunión celebrada en elParlament a la que, además de Biel Barceló, acudieron el conseller de Territori, Marc Pons, representantes de Més y el PSIB, y el núcleo central de Podemos:Alberto Jarabo, Laura Camargo, Salvador Aguilera y Aitor Morrás.
El procedimiento
El proceso que se seguirá ahora para salvar la ley se cerrará el lunes en una nueva reunión técnica, pero ya se da por hecho que el decreto ley de modificación se aprobará en el próximo Consell de Govern del día 4 de agosto y se publicaría en el Butlletí Oficial del Parlament el 8 de agosto. Ese día marca la entrada en vigor de la ley y desde ese mismo momento se despejarán las dudas creadas con el voto de Podemos.
La nueva normativa estará en vigor, pero deberá ser convalidada por el Parlament en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOIB, por lo que es muy probable que el día 5 de septiembre se celebre un pleno extraordinario de ratificación de la normativa.