En plena polémica sobre si se debe permitir o no el alquiler turístico, el Govern anunció ayer que los inquilinos de viviendas que paguen hasta 600 euros por el alquiler de sus pisos podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 200 euros al mes. En realidad son ayudas concedida por el Ministerio, que el Govern complementa con una partida adicional.
El precio máximo sube a 800 euros en Ibiza y Formentera y allí las ayudas alcanzarán el 40 por ciento de la pagado. Las ayudas se podrán solicitar entre el 7 de agosto y el 21 de septiembre.
Es uno de los anuncios que realizó ayer el conseller de Territori, Marc Pons, en el transcurso de la mesa vivienda. El año pasado se beneficiaron de esta ayuda 1.478 personas y el Govern espera que este año aumente esta cantidad, a pesar de que el límite de 600 euros es muy bajo a la vista del precio del alquiler en Mallorca, Ibiza y Formentera.
El Gobierno financia 3 millones de los 3,35 millones que se destinarán a esta línea de ayudas y podrán beneficiarse de ellas quienes tengan unos ingresos iguales o inferiores a 22.365 euros. Se conceden con efectos retroactivos para todo el año.
El Govern priorizará que se subvencione a los que se considera «sectores preferentes», como son familias numerosas o con personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucias o víctimas del terrorismo.
Además de estas ayudas al alquiler, en la mesa de vivienda se explicaron dos novedades legislativas que se aprobarán mañana viernes en el Consell de Govern:el decreto que regula las viviendas a precio tasado y la nueva ley de vivienda, con los matices incluidos tras el informe del Consell Consultiu. También se desarrolla el concepto de «emergencia habitacional», que servirá para prohibir el alquiler turístico en determinadas zonas.
El decreto de regulación de viviendas a precio tasado permitirá que se inicie el proceso para posibilitar la construcción de cerca de 700 viviendas a un precio asequible bajo el control de la administración.
El decreto desarrolla una ley aprobada en el último Govern de Francesc Antich, que creó reservas estratégicas de suelo en Calvià, Palma (Son Bordoy) y Son Servera. Establece que estas viviendas de precio tasado no se podrán vender por un precio superior a los 1.819,20 euros el metro cuadrado y tendrán una superficie máxima de 90 metros cuadrados.
LA NOTA
El PP también rechaza el plan de los ‘sabios' sobre financiación
El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Antoni Costa, rechazó ayer la propuesta de nueva financiación autonómica que han presentado los ‘sabios' porque no va «en absoluto» con las propuestas que ha estado defendiendo el PP en los últimos años. «Es claramente perjudicial para los intereses de Balears». El PP defiende más autonomía para poder modular los impuestos, algo que no será posible con la propuesta de los expertos. «Otro de los aspectos fundamentales que no se aborda en el documento es un sistema de nivelación parcial que tenga en cuenta la mayor capacidad fiscal de las Balears», asegura.