Tres empresas del Govern, IB3, Multimedia y el Consorcio del Palma Arena, fraccionaron contratos en el año 2015, según el informe de fiscalización de la cuentas de la Comunitat realizado por la Sindicatura de Comptes. En el caso de IB3, el informe señala que hubo «deficiencias significativas» en una muestra de las contrataciones y detalla problemas en dos contratos mayores sin expediente justificativo, fraccionamiento de dos contratos y prórroga de once contratos menores. En el caso de Multimedia, se apunta el fraccionamiento de tres contratos menores y se incide en que se mantienen otros tres adjudicados en años anteriores con incidencias por incumplimiento. En el caso del Palma Arena, hay sospechas de que un contrato adjudicado por lotes es, en realidad, un fraccionamiento que además no está motivado ya que tocaría hacer contratos diferentes para cada una de las prestaciones del servicio.
El fraccionamiento de contratos en estas tres empresas no es más que una de las numerosas incidencias que presentan las empresas y organismos públicos en materia de contratación. Prácticamente ninguna de ellas se salva del reproche contable o legal de la Sindicatura, con observaciones que se repiten en muchas de ellas.
La Sindicatura concluye que no se respeta la legislación de contratos, se adjudican contratos menores a dedo sin hacer publicidad de ellos, lo que vulnera la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, o se prorrogan contratos menores, algo que tampoco permite la ley. Esta incidencia se ha detectado incluso en la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB ), organismo al que además reprochan otras incidencias financieras.
El informe de la Sindicatura incluye una advertencia sobre la situación financiera de la Escola d'Hoteleria, organismo del que aseguran que existe una «incerteza significativa» sobre su futuro. Algo parecido señalan sobre IB3, aunque su situación ha mejorado sustancialmente con respecto a otros ejercicios en los que se llegó asegurar que presentaba causa de disolución. Hay incidencias sobre el incumplimiento del límite de concesión de subvenciones en el caso del Institut d'Estudis Baleàrics, de quien se asegura además que no ha dado publicidad a numeroso contratos menores. En el caso de la Fundació per a l'Esport, se han adjudicado contratos a dedo «sin que conste la acreditada capacidad de obra del contratista ni la habilitación profesional necesaria».