El proyecto de Ley de Memoria Democrática modificará ligeramente su nombre y pasará a llamarse de Memoria y Reconocimiento democrático para que se apruebe con el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Ayer se reunió la ponencia parlamentaria que trabaja en el texto con el compromiso de todos los partidos de pactar enmiendas y que e marzo, un año después de que el pleno del Parlament tomará en consideración el primer texto, pueda convertirse en ley. La socialista Silvia Cano es la coordinadora de la ponencia.
La nueva norma reconocerá el papel de los partidos y movimientos sociales que fueron perseguidos durante la guerra civil española y el franquismo y establecerá mecanismos para restablecer la memoria de las víctimas, de ambos bandos.
Según la información facilitada a este diario, hay dos asuntos que aún separan a la izquierda, promotora del texto inicial, con el PP: el referente a la retirada de monumentos que loen episodios del fascismo (aunque no se cita en la ley, puede relacionarse con el monumento de Sa Feixina) y la inclusión de un régimen sancionador a quienes la incumplan.