La Comisión Europea ha anunciado este jueves que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por no haber establecido o revisado sus planes de gestión de residuos de acuerdo con las normas europeas en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias y Madrid) y en la ciudad autónoma de Ceuta.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que España tenía que establecer los planes de gestión pertinentes que abarcaran todo su territorio antes del 12 de diciembre de 2010. Las autoridades españolas también eran responsables de evaluar y revisar estos planes al menos cada seis años.
En este contexto, España debía haber comunicado a Bruselas los planes de residuos una vez adoptados y haber notificado también cualquier revisión «sustancial» de los mismos.
El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando la Comisión Europea abrió un expediente a España por este hecho. Casi un año más tarde, en julio de 2017, envió un dictamen motivado en el que advirtió a las autoridades nacionales de que podía elevar el caso a la Justicia europea, algo que finalmente ha ocurrido este jueves.
SANCIONES POR LOS VERTEDEROS
Además, Bruselas ha amenazado con denunciar ante el TUE y con pedir sanciones económicas contra España por no haber cumplido con la sentencia que determinó que el país había incumplido con sus obligaciones al no haber adoptado las medidas necesarias con respecto a un total de 61 vertederos incontrolados de todo el país.
«Las autoridades españolas debían garantizar que la gestión de los residuos no pusiera en peligro la salud humana ni dañara el medio ambiente. A pesar de algunos avances desde la sentencia, aún siguen pendientes las obras de clausura, sellado y regeneración de 22 vertederos», ha explicado el Ejecutivo comunitario.
«Más de un año después de la sentencia del Tribunal, las autoridades nacionales aún no la han ejecutado íntegramente, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente», ha lamentado Bruselas.
Por estas razones, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas antes de volver a elevar el caso ante el TUE y pedir que se impongan sanciones económicas. «Si España no actúa en los dos próximos meses, la Comisión podría enviarle un dictamen motivado», ha advertido.