El Govern deberá continuar sus negociaciones sobre el rescate del aparcamiento de los hospitales Can Misses y Son Espases sin una ley que garantice esta reclamación, al menos por ahora: Ciudadanos y parte del Grup Mixt se opusieron ayer a que se incorporara una enmienda in voce en el proyecto de ley de seguridad laboral que blindaba esta negociación de inmediato. Como para aceptar esa enmienda se requiere unanimidad, no pudo incorporarse al texto de la ley definitiva.
La enmienda declaraba que ningún aparcamiento de un hospital público puede ser de pago y obligaba a la concesionaria a negociar los términos del rescate, para lo que daba seis meses de plazo al Govern. Los partidos del Pacte ya habían previsto la posibilidad de que esta enmienda no salga adelante, por lo que han presentado una proposición de ley en los mismos términos.
Este proyecto se aprobará por la vía de urgencia y podría estar listo en octubre ya que todos los partidos lo apoyan. La aprobación de la enmienda no suponía en ningún caso la gratuidad inmediata de los aparcamientos ya que eso queda pendiente en la negociación que ya han iniciado el Govern y la concesionaria. En el Ejecutivo aseguran que las negociaciones seguirán aunque no esté aprobado el texto legal, pero Intervención de la Comunitat ha recomendado al Ejecutivo que apruebe esta ley para evitar posibles conflictos judiciales posteriores con la concesionaria en caso de que el rescate del aparcamiento se haga sin este respaldo legal.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, insistió en que su formación está de acuerdo con la gratuidad de los aparcamientos, pero también aseguró que la tramitación parlamentaria debe hacerse con todas las garantías.
Més per Menorca aceptó ayer que la enmienda se tramitara porque finalmente se han resuelto los problemas administrativos que impedían que los residentes en Menorca y Eivissa usaran la tarjeta ciudadana en los autobuses de la EMT. El partido menorquín había condicionado su apoyo a la enmienda a que se encontrara una solución a este problema de transporte, lo que les valió acusaciones de chantaje por parte de sus socios.
Malestar en el Pacte
Por su parte, los menorquines estaban molestos porque sus socios presentaron la proposición de ley sin contar con ellos. Este malestar provocó ayer una nueva reunión del pacte para tratar de limar asperezas. En la reunión se acordó establecer vías de comunicación para evitar nuevos malentendidos de este tipo.
La polémica surgida con esta enmienda volvió a eclipsar otra de la leyes estrella de la izquierda, en este caso la de Seguridad Laboral, que finalmente se aprobó con un amplio consenso. La ley permite establecer mecanismos de lucha contra la siniestralidad laboral ya que Balears es la comunidad autónoma con un mayor índice de siniestralidad.
Sin embargo, siguiendo la tónica de los últimos proyectos presentados por la izquierda, la ley incorpora disposiciones que no tienen nada que ver con su objeto. Se incluye, por ejemplo, una disposición para arreglar el vacío legal de la Oficina Anticorrupción para que pueda comenzar a funcionar. También se incluyen cambios en materia de finanzas y de subvenciones, lo que le ha valido que el PP ya hable de la ‘ley escoba II'.