El Govern calcula que los bancos e inmobiliarias que tengan que ceder sus pisos vacíos al Govern para destinarlos al alquiler social podrán llegar a tener unos ingresos de 15 millones anuales cuando el programa esté a pleno rendimiento. La estimación aparece en el estudio económico del proyecto de decreto que regula las viviendas desocupadas, y que desde el pasado jueves está en exposición pública para que los afectados puedan presentar alegaciones.
En este mismo estudio se hace un cálculo aproximado del número de viviendas que en estos momentos cumplen los requisitos que marca la ley para que el Govern asuma su gestión. Son 3.184, pero el Ejecutivo precisa que es una estimación teórica, que no se gestionarán de golpe, sino que la incorporación será progresiva. El estudio económico que acompaña al decreto añade que los grandes tenedores tienen 313.598 inmuebles en las Islas, pero solo un 1 por ciento de ellos cumplen las condiciones para que el Govern asuma la gestión.
El Ejecutivo se encargará de gestionar los alquileres como mero intermediario ya que cobrará a los inquilinos para dar su parte del dinero a los grandes tenedores. Es aquí donde se calcula que bancos e inmobiliarias podrán ingresar 15 millones de euros anuales, un dinero que tendrán perdido si sus viviendas permanecen desocupadas. «Los grandes tenedores recibirían unas rentas por unas propiedades que habían tenido vacías hasta el momento, por un importe global de 15,1 millones anuales, con el pago garantizado por parte del Ibavi», señala el documento. En cualquier caso, el documento precisa que los datos sobre los que se trabaja son del año 2011 y no se dispone de una información fidedigna sobre su estado, sus características y ubicación por lo que podría haber un «decalaje» entre las cifras del documento y las reales.