El Govern y el tercer sector social han consensuado el texto de una futura ley, que será pionera en España, que contempla políticas de formación y la concertación de los servicios de orientación para los colectivos más vulnerables.
El tercer sector es el conjunto de entidades (asociaciones, fundaciones,) sin ánimo de lucro que se ocupan de realizar mediante profesionales y voluntarios, proyectos de acción social.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció ayer que el Ejecutivo presentará mañana viernes un proyecto de ley, «pionero a nivel estatal», que incluye «políticas de formación» y de ocupación para personas vulnerables.
Para agilizar el proceso de aprobación de la normativa, el Govern y el tercer sector han acordado pedir que la futura ley de acción concertada se tramite en el Parlament por lectura única.
«Nos ponemos a la vanguardia con una normativa diferente a nivel estatal en lo se refiere a la significación de un modelo de servicio social novedoso», afirmó Armengol.
La proposición de ley establece que las entidades que se presenten a los concursos para atender estos servicios de orientación, además de demostrar su solvencia económica, deberán puntuar en un 50 % los aspectos técnicos. «No vamos a admitir la presentación de ofertas económicas a la baja. Porque no es lo mismo comprar sillas que dar servicio a las personas», afirmó la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago. Por su parte, el conseller de Treball, Iago Negueruela, insistió en que «la futura ley es un paso importante que seguirán otras comunidades».
Valentía
La portavoz de las entidades del tercer sector, Sonia Castro, afirmó que es «una ley valiente» con la cual «se proteje a las personas de colectivos vulnerables y a los trabajadores de las entidades».