Antoni Terrasa, presidente del TSJB desde 2004, abrió el año judicial el pasado lunes con un discurso atípico, a las habituales reclamaciones por la crónica falta de medios de esta administración sumó una preocupación de fondo: «el de la utilidad y credibilidad del proceso» y con él, de la Justicia.
¿Cómo calificaría el servicio que da la administración de justicia a los ciudadanos en Balears?
-Es un servicio posibilista, en función de los medios, susceptible de mejora por parte de todos, los jueces los primeros. En un ámbito como es el de la Justicia, dependiente de los jueces por un lado, del Ministerio por otro, en parte los ayuntamientos para los juzgados de paz… es una multitud de instituciones difíciles de conjugar con soltura. Va todo muy lento. Para tomar una decisión son muchos elementos a poner de acuerdo y se retrasan siempre las decisiones.
En su discurso del lunes aludió al trato a otros territorios. ¿Está Balears peor tratada?
-Esto se puede examinar desde una perspectiva absoluta, qué cantidad de jueces por territorio y qué cantidad de asuntos. Estamos por encima de la media en asuntos y un poquito por debajo en jueces. Puntualmente sí puede haber diferencias importantes. Por ejemplo, tener una Sala sólo con un presidente y un magistrado es que es funcionalmente imposible. Más de 25 años después es anómalo no tener una sala completa, cuando las hay en casi todas las partes.
Ante la situación de los juzgados de violencia de Palma, ¿está en riesgo la atención a las víctimas?
-Espero que en riesgo no, porque si lo pusiera hubiéramos tenido que tomar medidas. Lo cierto es que, sin ponerlo en riesgo compromete los tiempos de respuesta adecuados. No se pone en riesgo la respuesta, las medidas de protección, pero sí los plazos para una respuesta definitiva al problema. Venimos insistiendo en dos vertientes: una, que la plantilla de los juzgados que ya están se atienda, se completen y si es posible con personal de carrera o, al menos alguna experiencia y por otro, que se cree el nuevo juzgado cuando sea posible.
Se percibe una preocupación seria en los profesionales de esos juzgados.
-Es normal por una razón. Al tener que atender más carga que la que se puede asumir, se vive en un estrés permanente. Eso no es bueno, para empezar para el ciudadano que recibe el servicio y tampoco para los profesionales.
Hay también inquietud por la incorporación de golpe de 300 nuevos funcionarios en las Islas este otoño.
-Llevamos no se cuántos años pidiendo que se acabe con la interinidad y ahora hay una convocatoria masiva que supondrá una sustitución, en algunos órganos, de todo del personal. Esto tiene sus desventajas, que es que tengan que hacerse cargo personas sin experiencia y todas en el mismo órgano .
La cuestión luego es que esos funcionarios se queden en las Islas.
-Este va a ser otro problema añadido. ¿Cuánto durarán estos funcionarios de carrera en su lugar? Si cada año se hubiera sacado un cupo no se habrían dado estos efectos indeseables.
Son reiteradas las quejas por la falta de traductores y de peritos.
-Son pocos, exageradamente pocos los que atienden este servicio y no hay forma de que se incremente de alguna manera. Estamos bajo mínimos y esto repercute muy gravemente porque las causas quedan paralizadas durante meses y años. Llevamos muchos años por debajo del mínimo razonable.
¿Han mejorado los problemas con el sistema informático?
-El primer problema que tenemos con el sistema informático es que no podemos renunciar a él. En este momento el sistema se ha estabilizado en algunos frentes aunque acusa claramente un defecto de base. Se necesita un sistema de gestión nuevo y moderno y no el que tenemos. Donde la tramitación es escrita, se puede trabajar con dificultades, pero se puede trabajar, pero donde es fundamentalmente oral, en el proceso penal, es necesario suspender la aplicación del sistema de expediente electrónico hasta adaptarlo mínimamente a las necesidades del proceso. Es mejor parar y rectificar de base. Si no, es invivible.
¿Le preocupa una falta de confianza de los ciudadanos a las resoluciones judiciales?
-Lo que me preocupa es la situación proclive a restarle valor al proceso. Todo contribuye a que ni reciba la atención que se merece ni esté en situación de dar la respuesta que debería.
¿De ahí reacciones como la producida ante la sentencia de la Manada?
-Yo creo que no. Es verdad que nunca se había vivido una cosa tan intensa, pero lo que lo magnifica es la potenciación de redes y medios que hace que las repercusiones sean mayores.
¿Y la tensión en torno al ‘caso Cursach'?
-Cuidado, si hablamos de la manifestación es otra cosa. La crítica legítima de las resoluciones judiciales no está en cuestión. Hablamos de otras cosas. Hablamos de respeto al mínimo valor que tiene que tener el proceso. El problema de Palma para nada fue la manifestación sino que la convoque y la lidere quien está ejercitando el derecho de defensa. Cómo se compatibiliza utilizar el proceso y luego atacarlo desde fuera. Hemos tenido muchas manifestaciones, como el Riuet y nunca ha sido un problema. Lo es conjugar racionalmente la actividad de defensa con la manifestación en la calle, la misma persona que tiene en el proceso un ámbito favorecido de expresión. Eso a lo que contribuye es a devaluar el papel del proceso y que quien debería potenciarlo se vaya a buscar sucedáneos de peor calidad. Eso no es bueno.