El Govern tiene ya prácticamente cerrado el acuerdo con todos los partidos de izquierda para llevar a un próximo Consell de Govern el proyecto de Presupuestos de la Comunitat para el año que viene, que superará ampliamente los 5.000 millones de euros. Serán los últimos Presupuestos de la legislatura y hacen una clara apuesta por el gasto social, cuando apenas quedan unos meses para las elecciones autonómicas.
El acuerdo entre los partidos podría anunciarse este mismo viernes y el Ejecutivo deberá aprobar las cuentas o bien en su reunión de esta semana o, como muy tarde, en la de la que viene. Las cuentas tienen que entrar en el Parlament antes del 30 de octubre.
Sánchez-Iglesias
El acuerdo presupuestario firmado en Madrid entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para aprobar los Presupuestos del Estadodel año que viene ha ayudado a desbloquear la negociación en las Islas. Algunas de las medidas que reclamaba Podemos en Balears se han incorporado en las cuentas nacionales, por lo que en Balears se aprobarán otras de apoyo.
Un ejemplo está en las ayudas al alquiler. Balears incorpora medidas para paliar lo que en las Islas se conoce como «emergencia habitacional» y los Presupuestos del Estado también prevén ayudas para actuar en lo que Pablo Iglesias llama «zonas tensionadas».
Los Presupuestos de Balears ampliarán con 20 millones de euros adicionales la dotación para la renta social garantizada, pero también en Madrid se aprobarán ayudas similares que podrían ser complementarias a las de la Comunitat balear.
En la misma línea se establecen ayudas en materia de dependencia o de copago sanitario, que desaparece en Balears con un coste de unos 10 millones el año que viene, según explicó ayer en el Parlament la consellera de Salut, Patricia Gómez.
La aprobación del proyecto de Presupuestos arroja este año pocas incertidumbres ya que la presidenta del Govern, Francina Armengol, adelantó la mayor parte de las medidas en el debate de política general.
Entre las propuestas de las que informó la presidenta está la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales para compra de viviendas de menos de 200.000 euros o destinar 1.000 millones de euros a educación.