El Govern tendrá que pedir un préstamo a los bancos para poder pagar 142,8 millones de euros en indemnizaciones por sentencias contrarias a los intereses del Ejecutivo, entre ellas la que condena al Govern balear a pagar 86,7 millones de euros más 21,8 adicionales en concepto de intereses por la protección de Punta Pedrera, en el municipio de Sant Josep, en 2008.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, anunció ayer que el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para pedir este crédito suplementario para poder pagar estas indemnizaciones acordadas por los jueces.
Las sentencias responden a varios contenciosos planteados por propietarios de diversos terrenos que se vieron afectados por la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible aprobada durante el segundo Pacte de Progrés.
Del total que se pedirá como nueva deuda, 133 serán préstamos a largo plazo y el resto, 9,82 millones, se financiarán por medio de una baja en las partidas presupuestarias de amortizaciones de este año.
El Govern aprobó el pago de 86,7 millones, de los 21,8 pertenecen a intereses, a las sociedades Punta Ibiza S.L. y Mecron S.L., propietarias de los terrenos protegidos de Punta Pedrera, que a su vez servirán para que una empresa pueda pagar el dinero de la comprar del aeropuerto de Ciudad Real.
La normativa presupuestaria obliga a reservar un Fondo de Reserva en los Presupuestos para hacer frente a este tipo de contingencias, pero el fondo ya está agotado. La Ley de Finanzas también prevé que el Govern pueda tramitar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito cuando se dan razones «de urgencia e interés público» que obliguen a hacer gastos con cargo al Presupuesto de la Comunitat.
La ley que se aprobó en 2008 protegió diversos terrenos de las Islas pero en algunos de ellos ya había proyectos de urbanización aprobados, de ahí la cuantía de las indemnizaciones.
Advertencias
Los informes de la Sindicatura de Comptes dedican cada año, desde hace al menos diez, un apartado a alertar de las consecuencias que puede tener en las cuentas de la Comunitat el pago de indemnizaciones como consecuencia de sentencias territoriales, que es lo que ha pasado este año. La amenaza ha llegado a superar los 500 millones de euros en algunos ejercicios pero en el de 2016, el primero gestionado íntegramente por Armengol, el aviso de posibles pagos por estas sentencias era de más de 300 millones ya que algunas ya estaban resueltas y eran firmes en contra de los intereses de Balears.