El Consell Consultiu ha dado el visto bueno al proyecto de decreto que regula el uso de las lenguas oficiales en la Administración, pero sugiere al Govern que introduzca cambios para evitar posibles recursos. El decreto regula el uso institucional y administrativo del catalán y castellano en el Govern y en sus empresas públicas y pretende las utilización del catalán como lengua de uso normal «que no supone la imposición del uso preferente del catalán y excluyente del castellano», según el dictamen.
Pese a esta declaración inicial, los miembros del Consultiu presentan observaciones a media docena de artículos del decreto. Son observaciones «esenciales», por lo que el Ejecutivo deberá tenerlas en cuenta si quiere aprobar el decreto con la fórmula «de acuerdo con el Consell Consultiu».
El Consultiu pone pegas a la redacción relativa al uso del catalán en la publicidad institucional. Asegura que el decreto dispone que, si las versiones de la publicidad se dan en diversas lenguas, se ha de dar una mayor difusión a la versión catalana. «Esta previsión evoca un desequilibrio en la necesaria paridad jurídica que marca la jurisprudencia constitucional», señala el órgano asesor del Govern.
También se introducen observaciones esenciales en el artículo que habla de las publicaciones oficiales. El decreto también marca que en las publicaciones oficiales debe darse una mayor difusión a la versión en catalán, pero el Consultiu advierte de que esta disposición pretende dar una posición destacada al catalán «y se supera, de esta manera el límite fijado por el Constitucional en la distinción entre lengua de uso normal y lengua de uso preferente».
El Consultiu también pone objeciones a que se obligue a las empresas y contratistas a usar el catalán en sus relaciones con la Administración. «No encaja en el marco normativo y jurisprudencial la inclusión, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y en el de las técnicas o en los documentos análogos de ninguna cláusula que obligue a los contratistas al uso del catalán en la relación con la Administración», señala el Consultiu.
También señala que las comunicaciones que tienen eficacia fuera del territorio balear deben hacerse en castellano. El decreto del Govern prevé la posibilidad de hacerlo en castellano o en otra lengua oficial de la entidad receptora.