Más de 650 periodistas de medios de comunicación de todo el territorio nacional han firmado un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instan al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución frente al «insólito e injustificado» ataque a la libertad de prensa acometido en las redacciones de Europa Press en Baleares y Diario de Mallorca.
Se trata del segundo escrito que promueven los informadores después de las entradas y registros en las mencionadas redacciones por las que agentes de la Policía se incautaron de los teléfonos móviles personales de dos periodistas, así como de dos ordenadores en el caso de Europa Press, persiguiendo un delito de revelación de secretos por una exclusiva periodística difundida en julio en relación al caso de corrupción por el que se investiga al empresario Barrolomé Cursach.
Tras entregar en mano su denuncia a la Fiscal General del Estado y motivar que se pronunciase al respecto el Consejo Fiscal, que se declaró no competente para opinar sobre una instrucción en curso, más de medio millar de informadores se dirigen ahora al CGPJ, cuya Comisión Permanente se reúne este jueves, en busca de un respaldo inequívoco al artículo 20 de la Constitución Española y los derechos que protege.
«En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos», destaca el escrito.
Los periodistas firmantes consideran que el propósito de esa «insólita actuación», el «volcado y estudio» de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones, está «del todo injustificado».
«El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas», denuncian.
Sin estas fuentes, recuerdan los periodistas, «la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece».
Consideran que el CGPJ «no puede permanecer ajeno a este despropósito» y apelan así a «su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas».