El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha devuelto este viernes el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca a los que la Policía requisó móviles, ordenadores y documentación en el marco de una investigación sobre el 'caso Cursach'.
Según el letrado de la Administración de Justicia que ordena la entrega, los móviles y ordenadores han permanecido custodiados y depositados en la caja fuerte de las oficinas judiciales desde el pasado 12 de diciembre, es decir casi 24 horas después de su incautación.
En concreto, en el escrito de entrega el letrado señala que a las 10 de la mañana del día 12 de diciembre; es decir, al día siguiente de la incautación por la Policía, se entregaron los dispositivos al juzgado por una orden verbal del juez instructor y señala que «aparentemente, los dispositivos se encontraban en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención» y que desde entonces han permanecido bajo su custodia.
Sin embargo, Europa Press entiende que la bolsa y el precinto con el que se han devuelto los ordenadores y el móvil no garantizan en absoluto que el material no haya sido manipulado, por lo que está estudiando las posibles medidas a adoptar para conocer exactamente qué ha ocurrido con el material.
Tras recoger el teléfono y los ordenadores, la redactora de Europa Press Blanca Pou ha recordado que aunque haya recibido el material, Europa Press seguirá con la querella porque el daño ya está hecho y ha insistido en la importancia de saber qué otras diligencias se han hecho que puedan suponer la vulneración de otros derechos». Además, ha recordado que, aunque los precintos no están abiertos, «tardaron un día en entregarse al secretario judicial».
Además, pese a que los periodistas afectados han podido recuperar sus móviles personales y los ordenadores corporativos, a Blanca Pou no se le ha hecho entrega de una documentación física que se ha intervenido en el marco de la investigación.
Por su parte, el redactor afectado del Diario de Mallorca, José Francisco Mestre, ha remarcado que este material no se entregó a la Policía de manera voluntaria ya que, según ha explicado, se presentaron tres agentes con una orden y los afectados no sabían si al negarse podían «incurrir en un delito de desobediencia».