La nueva ley agraria, que reforma la aprobada cuando Gabriel Company era conseller d'Agricultura, permite parcialmente la utilización turística de algunas fincas, se elimina el límite de seis meses para las ‘agroestancias' que contemplaba su redacción inicial y se amplía la posibilidad de dedicar un alojamiento a llamado ‘turismo rural', aunque no sea en la misma explotación que el agricultor propietario.
La cesiones resultan insuficientes para el PP y el PI que entienden que se pone en peligro el sector agrícola. El PP se aprestó a anunciar ayer que volvería a cambiar la norma si alcanza la mayoría.
El conseller d'Agricultura i Medi Ambient, Vicenç Vidal, indicó que la ley garantiza la continuidad de la actividad agraria y la producción de alimentos en Balears, «mejorando» la renta de los agricultores y protegiendo los recursos que necesitan para llevar a cabo su tarea. Según el conseller es «una ley más agrícola y menos urbanística» y tiene el apoyo del sector, algo que niegan los partidos de la oposición.
No fue el único asunto que se debatió en el pleno de ayer, que se saldó con la aprobación de cinco normas que el Govern tenía interés en sacar adelante antes de las elecciones, incluida la ley que regula el funcionamiento del Ejecutivo en funciones.
Por primera vez, durante este periodo de interinidad, el Consell de Govern estará sujeto al Parlament.