La Comisión Europea (CE) analiza la denuncia presentada por la patronal española de fabricantes de vehículos y camiones (Anfac) relativa a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern, aprobada recientemente por el Parlament balear, y que prohíbe la entrada de coches diésel en las Baleares a partir de 2025 y de gasolina a partir de 2035. Así lo indicó este órgano a la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs a través de una respuesta escrita con fecha del martes 12 de marzo. Esta respuesta está motivada por una pregunta que formuló Estaràs sobre la ley balear cuando aún estaba en fase de tramitación.
Según se desprende de la respuesta, la Comisión Europea estudia si la norma autonómica vulnera algunas directrices comunitarias. En concreto, en lo que respecta a la compatibilidad con la directiva por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Esto es, que esta directiva europea impide prohibir o restringir la matriculación, venta, puesta en servicio o circulación de vehículos que cumplan con los requisitos establecidos.
Asimismo, también se estudia la compatibilidad de la Ley de Cambio Climático en lo que respecta a otra directiva por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Según esta directiva, todo proyecto de reglamentación técnica, como es la prohibición, ha de notificarse con al menos tres meses de antelación a la Comisión Europea. Estaràs, por su parte, indicó que tiene dudas de que el Govern haya cumplido con estos plazos establecidos por la directiva europea.
«Cuando pregunté a la Comisión Europea por la Ley de Cambio Climático de Baleares fue con el objetivo de conocer si la normativa balear cumple con la legalidad vigente», señaló Estaràs, quien en su pregunta a la CE ya advirtió de que se podían vulnerar los aspectos que ahora se están analizando. La eurodiputada dejó clara su postura a favor de luchar en contra del cambio climático, si bien aseguró que esta lucha debe llevarse a cabo «acorde con la legislación vigente».
La patronal Anfac presentó la denuncia a mediados del mes de enero y recibió el apoyo de la asociación española de concesionarios Faconauto, y de las patronales estatales CEOE y CEPYME y de la balear CAEB. Los fabricantes de automóviles consideran que la prohibición a la entrada de coches diésel en las Islas a partir de 2025 «incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».