A las seis de la madrugada del pasado sábado, los vecinos del portal 5B de la calle Bisbe Cabanellas de Palma (barrio de Pere Garau), detectaron a varias personas tratando de acceder al interior de un inmueble.
Los okupas estaban cambiando la cerradura del inmueble con total impunidad ante la atenta mirada del resto de residentes del edificio. A la llegada de la Policía Local de Palma, los agentes se entrevistaron con la presidenta de la comunidad. La mujer les explicó que el piso asaltado es propiedad de una entidad bancaria. «Meses atrás, el banco había actuado judicialmente contra unos okupas y la autoridad judicial había dictado un auto de desahucio», señaló la presidenta.
No había transcurrido ni una hora desde que se produjera la nueva ocupación cuando los policías advirtieron a la comunidad que no podían hacer absolutamente nada. «Hay un matrimonio con tres niños de corta edad y damos por hecho que es su vivienda», alegaron los funcionarios policiales.
Los vecinos quedaron estupefactos y perplejos ante la pasividad policial y la leyes vigentes en España. En su testifical, el matrimonio explicó que ellos accedieron a la casa okupa pagando previamente «800 euros a un negro de Son Gotleu». La pareja era plenamente consciente de que se trataba de la casa de un banco y que éste africano les había dicho que por el pago del dinero abonado les facilitaría una vivienda de una entidad bancaria. «Si hacéis lo que os digo no tendréis ningún problema y la policía nos os podrá sacar fuera», señalaron los nuevos okupas.