Patronales, instituciones, asociaciones empresariales y partidos políticos mostraron este martes su apoyo unánime a la medida dictada por el fiscal superior Bartomeu Barceló de dar luz verde a la policía para que pueda proceder a la expulsión y detención a los okupas de viviendas.
Las reacciones fueron coincidentes en señalar que había mucha inseguridad jurídica a la hora de practicar desahucios en inmuebles.
Administradores de fincas
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, Pau Bonet, aplaude la decisión del fiscal superior: «Crea seguridad jurídica y es la primera vez que se adopta este tipo de medida a nivel autonómico. No podía ser de otra forma, por lo que la aplaudimos. Esto da seguridad ante un problema que era generalizado y, en consecuencia, es una actuación muy buena para la sociedad en general».
Proinba-promotores
Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliario en las Islas, califica de «estupenda la decisión, porque es justa y razonable. Nadie puede dudar de que muchas actuaciones okupas venían derivadas por una cuestión de negocio especulativo y no por necesidad. Se había convertido en un modelo de negocio fraudulento para sacar dinero a los propietarios con extorsiones. En los últimos años se habían generalizado este tipo de actuaciones».
Apis
La Asociación de agentes de la propiedad inmobiliaria (Apis), que preside en Baleares Natalia Bueno, celebra este cambio de rumbo, «pero habrá que ver si la comisión judicial actúa de la misma manera a la hora de llevar a cabo la ejecuciones, porque la experiencia hasta la fecha ha sido negativa al defenderse más a los okupas que los derechos de los propietarios. A la espera de que esto sea así, nos alegramos de que se acabe con este vacío legal, el cual había generado muchos quebraderos de cabeza a los propietarios».
Abogados
El decano del Colegio de Abogados, Martín Aleñar, señala que «es necesario distinguir cada situación» que se da en torno a las okupaciones de viviendas como hace la instrucción de Fiscalía y considera adecuado el texto en tanto en cuanto insta a que se cumpla con la legalidad y las herramientas legales existentes.
Podemos
El diputado en el Parlament y magistrado en excedencia Juan Pedro Yllanes reflexiona que «cuantos menos pisos vacíos haya menos usurpaciones habrá». Cuestiona la existencia de «motivos serios de preocupación» ante el fenómeno okupa de cuyo alcance no hay datos fiables y plantea que «hay más alarma de la que procede»: «Quizá bastaría trasladar a la policía que tiene capacidad para actuar cuando hay un delito flagrante y que, en caso contrario, cuando hay un título que puede habilitar la posesión, es necesaria una decisión judicial».
PSIB
«Es una instrucción que valoramos y respetamos a la espera de cómo pueda funcionar», dijo el portavoz de la ejecutiva del PSIB, Iago Negueruela. El también conseller de Treball en funciones añadió que «dará seguridad jurídica a la policía y guardia civil», sobre todo –precisó– en los «casos especialmente flagrantes» donde las mafias ocupan las propiedades ajenas.
Ciudadanos (Cs)
El diputado electo por Cs Marc Pérez-Ribas señaló que «respetamos la decisión del fiscal superior de Balears, que además da una respuesta a muchas familias que se encuentran en una situación de conflicto». Añadió que «siempre hemos defendido que hacen falta medidas, también las orientadas a dotar de mayores recursos a los cuerpos y fuerzas de Seguridad».
Inmobiliarias
La Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) apoya la expulsión «inmediata de los okupas, pero pedimos que se contemplen todos los supuestos. Era una medida imprescindible para cualquier ciudadano porque le protege ante este tipo de situaciones» que se habían descontrolado en todas las Islas de forma «preocupante».
PI
Jaume Font, presidente del PI, recordó que en 2016 «ya dijimos que era posible actuar contra los okupas amparados en el código penal, pero se nos decía que no». «Fuimos los primeros en plantear este problema. Se han perdido dos años». «De todas formas, bienvenidos al club», añadió.
PP
Toni Fuster, secretario general del PP, está a favor de endurecer las medidas contra los okupas. El PP presentó una reforma de la ley para penalizar las okupaciones de uno a tres años de cárcel, y que la policía pudiera desalojar las viviendas en 24 horas. «Aplaudimos la decisión del fiscal».
Vox
Jorge Campos, diputado de Vox, se felicitó por la medida y recordó que su partido «era el único» que llevaba en su programa dotar a la policía de medios.
Més
Este martes, los econacionalistas no se quisieron pronunciar respecto a este asunto. Un día después, Bel Busquets ha opinado que la resolución de los okupas obliga a la policía a hacer de jueces.
Algo coherente por fin