El consejo de administración de la Autoritat Portuària de Balears (APB) aprobó el pasado 20 de noviembre incrementar el precio de consumo de agua y electricidad en el puerto de Palma en un 20 % a navieras y empresas, medida que se hará efectiva a partir del próximo 1 de enero de 2020.
Este aumento fue ratificado en el consejo de la APB por los representantes del Govern y el Ajuntament de Palma, por entender que las actividades portuarias conllevan el consumo de bienes escasos en Mallorca y, en consecuencia, «las empresas tienen que pagar más por este tipo de servicios».
La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam) y empresas que cuentan con instalaciones en el puerto critican este incremento, el cual consideran «excesivo» por entender que se tenía que haber escalonado a lo largo de los últimos años «y no de golpe a partir de enero, lo que supondrá una subida considerable de todos los costes productivos».
Impacto
Hay marinas del puerto de Palma que si pagaban hasta la fecha un consumo eléctrico de 100.000 euros al año «a partir de ahora, de un día para otro, tendremos que abonar en un ejercicio 120.000 euros. No nos queda más remedio que asumir el nuevo precio de la luz y el agua, pese a que ello suponga una merma de la competitividad de las empresas», señala el presidente de la comisión de charter náutico de Apeam, José María Jiménez.
Las navieras de tráfico de pasajeros y mercancías y empresas de cruceros también critican este incremento del 20 % de los precios al ser unos conceptos que afectan de lleno a su cuenta de explotación.
Desde la APB puntualizaron este jueves que se limitan a cumplir la Ley de Puertos del Estado «que obliga a revisar estos cánones de forma periódica para optimizar los recursos que cuentan los puertos para autofinanciarse».
La APB y Puertos del Estado señalan que con estos ingresos y otros derivados de la actividad portuaria «logramos autofinanciarnos y poder acometer las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras y servicios a los operadores. Todas las obras corren a cargo de los presupuestos anuales nuestros y nunca de los Presupuestos Generales del Estado, que se destinan a otros fines. Somos un ente autosuficiente y tenemos que cobrar por lo que ofrecemos a las empresas que trabajan en el puerto».
Un problema añadido, como señalan desde Apeam, es que las navieras que transportan mercancías tendrán que repercutir estos costes en las empresas de distribución «lo que afectará al precio de los portes (fletes), que también tienen que incrementarse a partir del 1 de enero por aplicación del plan de sostenibilidad de Bruselas 2020 para reducir emisiones de CO2 en los buques».
El cambio de combustible a uno más sostenible supondrá a las navieras inversiones millonarias, las cuales repercutirán en las empresas de distribución.
Para aumentar y subir tasas e impuestos no hace falta tanto pseudo-legislador cuasi mediocre.