Los bancos tendrán la obligación de ofrecer un piso de alquiler social cuando vayan a efectuar un desahucio por el impago de la hipoteca. El alquiler social no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos. Se trata de una de las medidas que incorpora el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que el Govern quiere aprobar este mismo viernes.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller d'Habitatge, Marc Pons, informaron este lunes del contenido de este decreto a los miembros de la Mesa de l'Habitatge, con quienes se reunieron ayer por la mañana. Se trata de un paquete de 25 medidas «muy potentes», según dijo la presidenta, dirigidas en su mayor parte a ampliar el parque público de vivienda, pero también a proteger a los colectivos más vulnerables en esta materia. «Hay que tomar medidas para que la política de vivienda sea una política de Estado», añadió.
Alquileres sociales
La obligación de facilitar un alquiler social a quien vaya a ser desahuciado está en esta línea de actuación, como también la propuesta de ceder viviendas públicas a los servicios sociales para que ayuden a las personas que hayan sufrido un desahucio por impago de alquiler.
Pero la mayor parte de las medidas que este lunes anunciaron la presidenta y el conseller guardan relación con la obtención de suelo público o de nuevas viviendas de protección pública por vías alternativas a la construcción directa por parte del Govern. En ese grupo está una de las propuestas más discutidas: la cesión de suelo a los promotores para que construyan viviendas y las gestionen durante un máximo de 75 años.
También hay propuestas para combatir el acopio del parque de viviendas por parte de los llamados ‘fondos buitre'. A partir de la aprobación del decreto ley, el Govern tendrá derecho de compra preferente cuando se venden edificios completos en los que haya viviendas alquiladas.
Bancos y grandes tenedores
En esta misma línea se enmarca la medida pensada para que el Govern tenga derecho preferente en la compra de todas las operaciones inmobiliarias derivadas de una ejecución hipotecaria o dación en pago entre grandes tenedores. Podrá comprar viviendas, suelo o edificios procedentes de desahucios cuando se formalice una venta de un gran tenedor o otro gran tenedor.
Se trata de evitar que los bancos se deshagan de estos activos inmobiliarios conseguidos a través de desahucios cuando las entidades bancarias intenten venderlos a fondos de inversión. Otra novedad importante a la hora de ejercer el derecho de tanteo y retracto es que el Govern podrá adquirir suelo clasificado para la construcción de VPO. Hasta ahora solo podía ejercer este derecho sobre las viviendas de protección oficial, pero no sobre los solares.
Todas estas medidas pensadas para evitar que los fondos inmobiliarios se hagan con las viviendas de los desahuciados se reforzarán con una propuesta de endurecimiento del régimen sancionador. El Govern incrementará el importe de las sanciones por el incumplimiento de inscribir en el registro público las viviendas vacías de los grandes tenedores. A partir de ahora habrá sanciones especificas para cada vivienda no comunicada.
Otra de las claves del decreto ley de medidas urgentes va dirigida a agilizar los trámites administrativos en la construcción y rehabilitación de viviendas. A partir de la aprobación del decreto, el Consell de Govern tendrá facultad para dar las licencias de construcción de las viviendas de protección oficial.
Más agilidad administrativa
El Ejecutivo se reserva, además, la facultad de aprobar directamente la gestión de todo el suelo de titularidad pública destinado a la promoción de vivienda protegida. El decreto ley prevé también la creación de una mesa de agilización en materia de tramitación administrativa.
Su objetivo es fijar nuevas medidas para reducir los plazos administrativos en la concesión de licencias. Pretende ser un nuevo espacio de «diálogo y encuentro» entre el Govern, los consells, los ayuntamientos –a través de la FELIB– y los colegios profesionales. El Govern prevé además una regulación de los agentes inmobiliarios para evitar el intrusismo.