La Oficina Anticorrupció de Balears está realizando un estudio de todas las compras que ha hecho el Govern durante el estado de alarma, muchas de ellas en China, según ha confirmado su director, Jaime Far. Es un estudio de toda la contratación en fase de emergencia y el propio Far reconoce que no es propiamente una investigación, sino algo más amplio. El estudio incluirá el análisis de los contratos realizados por la vía de emergencia y el objetivo es enviar después las conclusiones a la Oficina de Regulación y Superivisión de la Contratación, que depende del Ministerio.
Esta análisis se hace de oficio, no hay ninguna denuncia previa. Pretende hacer un control a posteriori de las compras que se han hecho durante la pandemia sin someterse a las normas básicas de contratación.
65 millones de euros
Durante el estado de alarma, el Govern ha gastado 65 millones de euros en compras de material sanitario, como mascarillas, guantes y equipos de protección, sin cumplir la normativa de las leyes de contratación, algo que permite el estado de alarma.
Sin embargo, debe haber una revisión a posteriori de todas estas adquisiciones. Algunas de las compras hechas en China se consiguieron por mediación de una abogada china asociada al bufete de José María Lafuente. El hecho de que este abogado sea militante socialista provocó las críticas del PP.
Durante estos meses se han traído de China y de otros puntos de la Península y el extranjero, test, respiradores, mascarillas, mamparas y equipos de protección. El Govern ha fletado varios aviones para traer todo este material desde el país asiático y cada uno de estos vuelos ha tenido un coste variable. En el Portal de Transparencia del Govern, por ejemplo, figura el arrendamiento, el pasado 14 de mayo, de un avión para el transporte material COVID-19 adquirido en China, que costó 1.455.000 euros. El vuelo más barato de los varios que ha habido costó 370.000 euros, según esta misma fuente, contratado ese mismo día.
La mayoría de los contratos son negociados sin publicidad, pero en el Govern defienden que ha sido la única manera de conseguir material de protección para los sanitarios en plena tormenta mundial por el virus. Todos los países se lanzaron al mismo tiempo a realizar las mismas compras de material y el mundo entró en una gran subasta, según señalan desde el Govern.
La presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, defendió ayer las contrataciones y aseguró que, por encima de todo, el Govern asumió la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y proteger al personal sanitario. «Me hubiera preocupado que el Govern fuera incapaz de proteger a sus ciudadanos, pero no fue así», dijo Armengol.
Aseguró que se han seguido las normas de contratación vigentes durante el estado de alarma, que dan más agilidad a la hora de hacer las compras y añadió que, si la Oficina Anticorrupció quiere investigar, está en su derecho. «Hemos seguido la norma general de contratación durante el estado de emergencia», dijo la presidenta. Destacó que Balears, pese a ser una comunidad pequeña, ha sido capaz de traer material de China ante la imposibilidad del Gobierno de enviar estos equipos a las comunidades autónomas.
El vigilante de las cuentas también será vigilado
El estudio de la Oficina Anticorrupció de todas estas contrataciones llega apenas unos días después de que el Parlament apruebe una proposición presentada por los partidos de izquierdas para que la Sindicatura de Comptes haga una auditoría de las cuentas de la Oficina Anticorrupció. Ello implica que el vigilante de que se cumple la legalidad en el Govern también estará vigilado.