Baleares, con 34.911 trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional, es la sexta comunidad con mayor número de empleados afectados por medidas de regulación de empleo desde enero hasta abril de 2020, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs).
De este modo, la que registró hasta abril un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (219.028), seguida de Cataluña (149.474) y Andalucía (107.516).
Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 71.759 trabajadores afectados, y Castilla y León, con 40.191. Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.404) y Extremadura (7.153).
Por otro lado, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por 27 entre enero y abril en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 830.643 afectados, de los que 252.304 corresponden sólo al mes de abril, según datos del Ministerio.
Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTEs del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados, de los que ya han salido para reincorporarse a su puesto de trabajo en torno a un millón).
De los 830.643 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta abril, el 99,5% (826.393 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,5% fueron objeto de un despido colectivo (4.250 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por casi 36 respecto al mismo periodo de 2919, mientras que los segundos se han reducido un 44,6%.
En el mes de abril, sólo 24 trabajadores de 252.304 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada. De los 830.643 trabajadores afectados por ERE en el primer cuatrimestre, tres de cada cuatro (635.495 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por casi 2.400 la del mismo periodo del año pasado (266 afectados).
Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 195.148 trabajadores hasta abril, más de seis veces más que hasta abril de 2019.
Sin embargo, analizando sólo los datos de abril, son más los trabajadores afectados por causas objetivas (135.864) que los que se vieron incluidos en procedimientos de fuerza mayor (116.440).
Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta abril (245.593), junto a hostelería (143.844) y actividades administrativas (116.578), mientras que el menor número se registró en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (4.934 afectados), seguido de las actividades financieras (6.206), el suministro de energía eléctrica (9.328) y la sanidad (10.622), todos ellos sectores claves durante la pandemia.
Trabajo explica que como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados.
Por este motivo, explica que «no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral».
En todo caso, desde esta subdirección se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro de los ERTEs indispensable para tener acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística.