El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en la sanidad pública se disparó en el mes de junio un 91,23 % respecto al mismo mes del año anterior. Si el año pasado los pacientes esperaban 73 días (casi dos meses y medio) para operarse, ahora el tiempo medio de demora es de 140 días, casi cinco meses.
La diferencia entre un año y otro la marca la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que obligó a decretar un estado de alarma a nivel nacional y paralizó la atención sanitaria que no fuera oncológica, de emergencia o urgente para dedicarse a la COVID-19.
El periodo de parálisis, que empezó el 14 de marzo, se extendió poco más de un mes y medio. Cabe recordar que el 24 de abril el IB-Salut presentó la primera fase de un plan de reactivación asistencial en un momento en que empezaron a reactivarse, paulatinamente, las primeras consultas externas e intervenciones hospitalarias.
El resultado del confinamiento gira sobre lo esperado y los 12.083 pacientes que actualmente tienen pendiente una operación ya esperan de media 4,7 meses. De éstos, además, 3.652 rebasan la demora media considerada adecuada y esperarán más de seis meses por una intervención quirúrgica. Son 3.038 personas más que hace un año cuando apenas eran 614 y el mayor incremento en las estadísticas de las listas de espera que porcentualmente supone un 498 % más.
En otras circunstancias estas 3.652 personas podrían acogerse al decreto de garantía de demora, que recuperó el Govern del pacte en la anterior legislatura, y solicitar a Salut su inmediata operación visto que rebasan los seis meses de espera. Sin embargo el mismo decreto recoge su nulidad en casos de epidemia. por otro lado, la directora asistencial del IB-Salut, Eugenia Carandell, admitió a este periódico que se intentará atender a quien lo solicite.
Carandell explicó que antes de poner hilo a la aguja con las listas de espera, se revisarán y se depurarán, y una vez realizada esta labor se trabajará para atajarlas de la manera más eficiente. Una de las formas será a través de un convenio con la sanidad privada por valor de 20 millones de euros que permitirá hacer derivaciones.