Govern, las patronales CAEB, PIMEM, Aviba y la Cámara de Comercio de Mallorca exigen al Gobierno central que se mantenga el actual descuento de residente del 75 %, ya que en caso de eliminarlo supondría un agravio comparativo para los ciudadanos de las Islas. Al mismo tiempo, ponen en tela de juicio el informe de AIReF y centran su crítica en que el objetivo es eliminar un derecho a los ciudadanos de Balears sin controlar la escalada de precios que han realizado las aerolíneas desde mediados de 2018, fecha en la que se incrementó e descuento del 50 al 75 %.
El conseller de Mobilitat, Marc Pons, afirmó este lunes: «No puede haber ni un paso atrás en el descuento del 75 % y la supresión de esta ayuda no es un planteamiento” del Gobierno».
Pons manifestó la preocupación del Govern por el documento en el que la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y añadió que el informe no tiene en cuenta algunos aspectos específicos de los residentes en las Islas, como el hecho de que tampoco tienen la posibilidad de utilizar el AVE. «El objetivo debe centrarse en analizar el comportamiento de las compañías aéreas y tomar medidas al respecto, como una declaración de OSP en abierto y con un precio máximo para todas las compañías aéreas», afirmó.
La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, fue aún más tajante: «Aplicar un recorte dejará en la cuneta a los ciudadanos y empresas de Baleares, a pesar de que también financian con sus impuestos infraestructuras que facilitan la movilidad peninsular».
Planas mostró su «más enérgica oposición» a una posible alteración del sistema de subvenciones. Afirmó que el descuento del 75 % es «irrenunciable» y exige enérgicamente» al Gobierno «que no perjudique a los ciudadanos y empresas de Balears».
«El Gobierno de España cometerá un imperdonable agravio comparativo que perjudicará a los ciudadanos y empresas de Balears frente a los del resto de comunidades peninsulares, ya que los dejará en la cuneta», sentenció ayer.
CAEB también considera «absurdo» condicionar el descuento a la renta de los ciudadanos «porque esta media no se observa ni en las carreteras, ni en las autopistas, ni en las conexiones ferroviarias y aeroportuarias en la Península».
Para el presidente de la PIMEM, Jordi Mora, «cambiar el modelo vigente de descuento para residentes afectaría muy negativamente a empresas y autónomos por los costes que supondrían los desplazamientos».
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, aseguró que «los ciudadanos siempre cogen los vuelos más baratos y por lo tanto el consumo de estas ayudas es muy bajo». Advirtió, además, que el número de vuelos disponible no es el igual en todas las rutas, de manera que «no es lo mismo unos enlaces regulares entre Barcelona y Palma, que tienen los precios más bajos, que entre Palma y otras ciudades no tan frecuentes donde los precios son más altos. Por eso, pedimos al Gobierno que mantenga el modelo actual»-
Antoni Mercant, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, mostró su total desacuerdo con cualquier cambio de modelo que pueda limitar la movilidad de los residentes: «El descuento responde a una compensación por los costes que sufrimos de la insularidad. Ni reducirlo ni limitarlo, ya que desde la Cámara apostamos para ampliarlo y hacerlo extensivo al transporte aéreo y marítimo».
Mercant enfatizó en que los gobiernos español y balear «tienen mecanismos para establecer un observatorio de tarifas y actuar si detectan cualquier abuso de precios por parte de las compañías aéreas».
La patronal Aviba, que preside Francesc Mulet, apuntó que cambiar el descuento por una subvención anual «es innegociable». Mulet dijo que es absurdo relacionar rentas y viajes: «Esperemos que hagan lo mismo con los usuarios de autopistas del estado y el AVE. Lo que debe hacer el Gobierno es vigilar la política de precios de las aerolíneas».