La pesadilla para la familia García Ossorio comenzó a mediados de abril, en pleno estado de alarma por el coronavirus. Mika, una mezcla de pastor alemán y belga de 18 años, se encontraba enferma y necesitaba ir al veterinario. Los padres de Adrián García, de 28 años, se desplazaron hasta el especialista. La perra tenía líquido alrededor del corazón, provocado, al parecer, por varios tumores en diversos órganos.
Al cabo de unos días, en concreto el día 17 de abril a primera hora de la mañana, pusieron rumbo a la clínica canina para proceder a una intervención quirúrgica (pericardiectomía subfrénica, según el informe del Hospital Veterinario Canis) y ver si el animal podría sobrevivir y tener una buena calidad de vida o, por el contrario, tomar la decisión de sacrificarlo. En esta ocasión acudieron Adrián y Juan José.
Control
«Mi padre y yo nos desplazamos hasta el veterinario para la operación. Yo iba detrás, en diagonal y con la mascarilla puesta, con la cabeza de la perra en mi regazo. A la salida del Coll den Rabassa, la Guardia Civil nos paró porque realizaba controles de circulación por el estado de alarma. Le enseñamos los papeles y el permiso para ir a operar a la perra. El agente no quiso cogerlos y nos puso una multa a cada uno de nosotros», recuerda Ossorio, y añade, sorprendido, que una vez le sancionaron, «nos dejaron continuar hasta el hospital veterinario». El joven asegura que al principio no estaban preocupados «porque los agentes iban a reportar el caso y no pensábamos que nos llegaría la multa». Pero a los meses llegó.
El motivo, al final, era una multa de 1.500 euros a cada uno –750 euros con la reducción de sanción y si se pagaba pronto– por «ir dos personas en el mismo vehículo de manera injustificada, ya que los agentes denunciantes no consideraban que el animal pudiera requerir la asistencia de dos personas», según alega el denunciado a través de su abogado David Barón, que ha recurrido esta sanción.
De hecho, la familia ha vuelto a recurrir por segunda vez la multa. «Hemos pedido al veterinario un informe de la perra sobre sus dimensiones para demostrar que apenas se podía mover y necesitaba ayudar a mi padre. El agente ni siquiera vio qué perro teníamos por si era necesaria una segunda persona en el coche».
Mika, finalmente, tuvo que ser sacrificada. «La decisión estaba tomada porque la veíamos muy mal». Adrián expresa lo que supone determinar algo así después de 18 años junto a ella, y no entiende que la Guardia Civil les haya sancionado por ir dos personas (del mismo núcleo familiar) en el coche «cuando en todo momento cumplimos las medidas de seguridad. Luego veo noticias de gente saltándose las normas haciendo botellón y quedan impunes».
Juan José y su hijo Adrián esperan la segunda resolución, con el fin de obtener un mejor resultado. «Ahora mismo estamos intranquilos. No podemos pagar 3.000 euros. Mi padre sigue en ERTE y yo acabo de encontrar un trabajo. Si nos hacen pagar todo eso, será un palo muy grande. Todo esto, añadiendo los gastos de visita al veterinario y la operación. Los agentes no se paran a pensar lo que ha significado esto a nivel emocional».