El Govern aprobó subidas de sueldo a sus funcionarios sin cumplir la Ley de Presupuestos de Estado, según denuncia la Sindicatura de Comptes en su último informe de fiscalización de las cuentas del Ejecutivo, correspondiente al año 2018. Según la Sindicatura, la subida media de los sueldos fue del 4,29 por ciento cuando solo podía haber subido un 1,5 por ciento.
La subida del sueldo de los empleados públicos viene determinada por la Ley de Presupuestos del Estado. Es el Gobierno central quien fija la subida máxima y las comunidades autónomas y demás administraciones deben ajustarse a lo que establecen los Presupuestos.
Según la Sindicatura, el Govern incumplió lo que establecía la Ley de Presupuestos al aplicar una subida media del 4,03 por ciento, un porcentaje que se eleva al 9,78 por ciento en el caso de los empleados de la Agència Tributària de les Illes Balears. El sueldo de los trabajadores del IB-Salut subió un 3,76 por ciento y el de los empleados de la Comunitat, un 4,1 por ciento. Todas estas cantidades superan los límites marcados por el Estado.
La Sindicatura denuncia además que estas subidas fuera del marco legal se vienen repitiendo al menos desde 2016 y la conclusión es que el sueldo de algunos trabajadores de la Comunitat ha aumentado más de un 20 por ciento en apenas cuatro años. Ello se debe a que a los incrementos salariales hay que sumar lo que perciben en concepto de carrera profesional, un complemento que comenzó a pagar el Ejecutivo de Armengol.
Este complemento supone un desembolso anual para las arcas del Govern superior a los 140 millones de euros. En el caso de algunos trabajadores de la Comunitat puede suponer un ingreso extra de unos 1.000 euros al mes.
La Sindicatura de Comptes reprocha además al Govern en su informe que ha tenido que hacer el trabajo de fiscalización sin información relevante. El Ejecutivo no le facilitó información sobre el gasto de personal y el incremento de las retribuciones y tampoco dio datos sobre el número de efectivos mensuales correspondientes a los entes del sector público instrumental. Tampoco facilitó las retribuciones de los altos cargos.
El informe vuelve a ser muy crítico con el IB-Salut, organismo del que dice que no sigue el procedimiento legal establecido en las normas de contratación y sin dotación presupuestaria, lo que supone «un incumplimiento de legalidad sistemático» en expedientes que suman 245,9 millones de euros. Se trata de contratos irregulares cuyas deficiencias se subsanan de forma sistemática por una vía que la Sindicatura considera no adecuada.
Hila , Calvo y otros excargos de Cort declaran este lunes ante el Tribunal de Cuentas
Un informe de la Sindicatura de Comptes está detrás de una investigación que ha abierto el Tribunal de Cuentas para determinar si cinco subvenciones que concedió el Ajuntament de Palma en la época de Aina Calvo están debidamente justificadas. Este lunes deben declarar ante el Tribunal todo el equipo de la actual delegada del Gobierno, lo que incluye al actual alcalde, José Hila. También debe declarar la Junta de Gobierno de Mateo Isern ya que tres de las subvenciones que concedió Calvo se terminaron justificando en su mandato. Todos ellos declararán a través de sus abogados y no se descarta que incluso se les imponga una fianza en caso de que finalmente tengan que devolver el importe global de las subvenciones, que en total suman más de 200.000 euros.