El Grupo Anticorrupción de la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo este martes en Palma a un conocido empresario gallego relacionado supuestamente con el caso de la corrupción en la Autoritat Portuària, en el que ya fueron arrestados Joan Gual de Torrella y toda la cúpula de ese organismo. Jesús D. B. está acusado de un delito de revelación de secretos y hoy pasará a disposición judicial.
Se trataría, pues, de la segunda fase de la operación policial que se inició el 23 de julio, cuando los agentes irrumpieron en la sede de la APB para registrarla. Previamente, tal y como publicó en primicia Ultima Hora, además de Gual de Torrella, fueron arrestados el vicepresidente Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza, y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada. Este martes, la detención del empresario afincado en Palma la ordenó también la jueza Martina Mora, titular del Juzgado de Instrucción número 3.
El acusado quedó recluido en los calabozos de la Comandancia palmesana, en la calle Manuel Azaña, y por la tarde recibió la visita de su abogado, Pedro Horrach. El empresario pasó la noche en las dependencias judiciales y hoy por la mañana está previsto que sea puesto a disposición judicial.
Información privilegiada
Las fuentes consultadas informaron que se está investigando si Jesús D. B. tenía información privilegiada sobre la investigación contra la Autoritat Portuària y se trata de averiguar quién pudo facilitarle esos datos que supuestamente habría difundido. En este sentido, podrían ser imputados algunos funcionarios públicos si se confirma que compartieron datos secretos.
El detenido es el exdelegado territorial en Baleares de una potente empresa nacional de construcción, que participó en un polémico proyecto en un país árabe. Precisamente, el 8 de noviembre de 2016 acudió a la Comisaría Oeste de la Policía Nacional para denunciar el robo de un ordenador y unos documentos confidenciales en la sede de la sociedad.
El directivo se encontraba en Madrid, en una reunión, cuando fue advertido por el administrador de la finca de Palma de que la puerta de la oficina «estaba abierta y el interior revuelto», según consta en la denuncia. Cuando llegó el delegado, comprobó que le habían sustraído un ordenador marca Sony Vaio, dos archivadores con documentación, carpetas y algunas agendas de años anteriores. Después, el directivo amplió la denuncia y aludió a los problemas laborales con su empresa, que acabó en un cruce de querellas. Jesús D. B. argumentó que era muy sospechoso que la puerta de la oficina no hubiera sido forzada y que el robo hubiera coincidido con su «previsible» ausencia de la Isla, por la reunión prevista ese día.
En 2017, el empresario solicitó la paralización del derribo de los edificios de Es Mollet, en el puerto de Palma. Al parecer, pretendía construir un hotel boutique en la zona, pero el proyecto fue rechazado por no estar contemplado el uso hotelero. A partir de ahí se inició un litigio porque Jesús D. B. interpuso un contencioso, que finalmente perdió.
En marzo de 2018 comenzó el derribo de los edificios de ese enclave. Las obras duraron algunos meses y tuvieron un presupuesto de más de 300.000 euros.
Se prorroga un mes el secreto
Cinco meses después de la detención de la cúpula directiva de la Autoritat Portuària, el caso sigue bajo secreto sumarial y se conocen muy pocos detalles de la investigación de la Policía Judicial. Ayer trascendió que la autoridad judicial había prorrogado un mes más el secreto.