El Govern acumula una deuda de 5.225 millones con el Gobierno de Pedro Sánchez. La infrafinanciación de la Comunitat por culpa de un sistema de financiación que deja a las Islas en la cola de las comunidades que reciben recursos del Estado obliga al Govern a endeudarse para hacer frente a las necesidades de las Islas. La paradoja es que ese Gobierno que escatima en financiación presta después dinero al Govern para que pueda completar sus ingresos pero con una diferencia esencial: el dinero que llega de la financiación no se tiene que devolver pero el que llega prestado, esos 5.225 millones, sí.
Ese dinero es el 58 por ciento de la cantidad total que debe la Comunitat. A la espera de cerrar el año, el Govern calcula que acabará con un récord de deuda de 9.035 millones a 31 de diciembre de 2020. La deuda contraída con el Gobierno a través de los distintos mecanismos de financiación se ha ido reduciendo ya que se acercó a los 7.000 millones y llegó a representar el 74 por ciento del endeudamiento global.
Las previsiones
Para el año en curso, el Govern ha pedido poder endeudarse en un máximo de 1.551 millones de euros, que se destinarán, básicamente, a amortizar deuda anterior, además del déficit que se generará este año y que será del 1,1 por ciento. El Gobierno permite a las comunidades autónomas llegar al 2,2 por ciento, pero se ha comprometido a pagar de su bolsillo la mitad de ese déficit. El Govern espera no tener que agotar ese límite máximo de 1.551 millones, que se pedirán al Gobierno a través de los mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas.
El Ejecutivo sigue negociando para que el Gobierno apruebe una quita de esos 5.225 millones que le debe. La Sindicatura de Comptes hizo un informe que cifró en 3.360 millones de euros el endeudamiento que ha provocado la infrafinanciación de las Islas. Esa es la cantidad que el Govern podría dejar de pagar si se aprueba la quita, aunque las expectativas no son muy buenas ya que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se opuso de forma radical a esta posibilidad en su etapa como consejera de Hacienda de Andalucía.
La pandemia ha dejado sobre la mesa muchas de las negociaciones abiertas con el Gobierno, pero el Ejecutivo de Francina Armengol confía en que, cuando la situación vuelva a normalizarse, se aborde este asunto que también interesa a otras comunidades que están con un problema similar, como es el caso de la Comunitat Valenciana.