Asegura no haber estado afiliado nunca a ningún partido y defiende su perfil técnico, aunque reconoce una orientación progresista en su pensamiento. La expropiación temporal de viviendas para uso social que ha promovido su departamento ha levantado una auténtica polvareda.
No le asusta, «es un aviso a navegantes», dice. Eduardo Robsy (Maó, 1976) es economista, licenciado en la Universidad de Deusto, pasó un año en la Warwick Business School, en el Reino Unido, ha trabajado en la Banca de inversión, en una empresa auditora y fue gerente del Ayuntamiento de Maó. Se incorporó a la Conselleria de Territorio en 2016 y ha sido uno de los principales impulsores de la Ley balear de Vivienda aprobada en 2018, base para las polémicas expropiaciones temporales.
¿Cómo es de grande el problema de la vivienda en las Islas?
—Es uno de los primeros problemas para los ciudadanos de Balears, aunque es asimétrico, no tiene la misma magnitud en Menorca que en Eivissa o Palma y su área metropolitana, que es donde mayor problema se observa.
¿Cómo se explica?
—Convergen varios factores. El primero e innegable en islas, el suelo, un recurso escaso, y más todavía cuando nuestro modelo económico central es el turístico, que nos lleva a la preservación del paisaje y el territorio.
¿El turismo, el segundo?
—El interés turístico es lo que provoca que muchos ciudadanos extranjeros decidan comprar una segunda residencia, lo cual encarece los precios de una forma significativa. Los países centroeuropeos tienen mayor poder adquisitivo y pueden desembolsar unos precios a los que probablemente lo residentes no llegamos. Ya no estamos donde estábamos siendo una de las primeras comunidades en renta per capita.
¿Y la inmigración?
—Ahí iba a continuación. Recibimos mucha, tanto de otros puntos del país como del extranjero. Agrega tensión al mercado de la vivienda porque hay más gente que necesita vivir aquí.
¿Ese es su diagnóstico?
—Se cierra con el fenómeno del alquiler turístico y el cambio socio-demográfico, antes en una vivienda podían convivir hasta tres generaciones, padres, hijos y abuelos y las familias eran más grandes. Ahora vamos a hogares mucho más pequeños, hasta el extremo de la familia nuclear, de uno solo. En suma, para albergar a un mismo número de personas hemos de ocupar más viviendas. Esta suma de factores lo que hace es disparar la demanda.
¿Cómo incide realmente el alquiler turístico, más goloso por su rentabilidad para el propietario?
—Es un elemento discutido. Hay estudios de la UIB que acreditan un cierto empate entre los dos tipos de alquiler. Me cuesta darlo por bueno, yo creo que el turístico es más rentable, sobre todo si no se adapta a la normativa legal, que lo hay. El año pasado, claro, no fue un buen negocio.
¿Cuántas promociones de vivienda pública hay ahora en el territorio balear?
—En construcción, con albañiles en la obra, hay 462 viviendas y otras 419 más previstas. Nos estamos ajustando al compromiso político de la presidenta al iniciar el mandato, que era multiplicar por dos el parque preexistente del Ibavi, que eran 1.800 viviendas aproximadamente. Estamos trabajando a muy buen ritmo.
¿No hay otro tipo de política?
—Sí, a esos datos habría que añadir las viviendas que se están consiguiendo a través de compras directas por derecho de tanteo tanto a particulares como en operaciones con grandes tenedores más que las que podamos conseguir a través de la expropiaciones de uso.
¿Admite que no basta con las promociones?
—Lo tenemos claro. La vivienda pública tal como la entiende este gobierno es una vivienda de alquiler social. Por tanto, se destina a las familias que se hallan en peor situación, las que de ningún modo estarían en condiciones de acceder a una vivienda del mercado. Todo lo que se está haciendo es para alquilar. El Ibavi históricamente ha construido mucho para vender, nuestro modelo se centra en el alquiler.
Pero no basta para cubrir la necesidad.
—Totalmente de acuerdo. Aunque la capacidad constructiva del Ibavi se multiplicara por dos seguiría sin poder ser atendida toda la demanda del mercado con vivienda pública.
Ahí vienen entonces las expropiaciones temporales de uso. ¿Cómo está el proceso?
—Son 56, de las cuales 23, como sabes, en Menorca. Dimos el primer paso con la orden de inicio del expediente expropiatorio. De forma previa, hay un trabajo de meses de revisión, de identificación, de visita física y valoración de estas viviendas para asegurarnos de que cumplen los requisitos y se ajustan a nuestras necesidades y ahora estamos en la fase de recibir alegaciones por parte de los propietarios afectados.
¿Esperan una avalancha?
—De momento no han llegado, pero me imagino que sí habrá muchas alegaciones. Los representantes de los propietarios sí que están accediendo al expediente para consultar toda la información. Además la recibieron de forma individualizada con los informes de todas y cada una de sus propiedades.
¿Las van a atender?
—Estamos a la espera, las contestaremos adecuadamente y, si aportan documentación que justifique que la vivienda ha de quedar fuera del expediente expropiatorio por no cumplir los requisitos legales que se exigen, serán nuestro jurídicos quienes determinen la resolución.
Y luego la expropiación.
—Efectivamente, un acuerdo del Consell de Govern para autorizar la ocupación por vía de urgencia y, a continuación, la firma del acta previa de ocupación y hacerla efectiva.
Son el primer gobierno que da un paso de esta naturaleza.
—Esa es una de las razones por las que esperamos muchas alegaciones. No se trata tanto del impacto que puedan tener 56 viviendas sobre estos grandes tenedores, que tienen carteras de miles de propiedades en el ámbito estatal, sino precisamente por lo que dices, porque hemos sido los primeros en dar un paso tan valiente.
¿Sabe que otras comunidades están a la expectativa?
—Creo que sí, nos hemos convertido en el laboratorio de pruebas y del resultado de cómo vaya en Balears, otras comunidades moverán ficha. Por eso precisamente las grandes empresas tratarán de ganar aquí para desincentivar a otros territorios y evitar que hagan lo mismo.
¿No le quita el sueño esa posibilidad?
—Estamos tranquilos, nuestra ley dice lo que dice, tiene plena garantía de constitucionalidad y somos competentes para hacerlo. Por tanto, procedemos. El expediente se ha elaborado con muchísimo cariño y con mucha atención a los detalles.
¿Hay suficientes garantías para el propietario?
—Estos tipos de expedientes son muy garantistas para la parte expropiada, como corresponde en un estado de derecho. Lo hacemos desde la convicción de que es una medida legal, necesaria y correcta.
¿De dónde viene la inspiración de esta idea, de Europa?
—Países europeos se encontraron antes con este problema, el originado por el éxodo rural a la ciudad, por ejemplo, y aplicaron políticas que apostaban por grandes bolsas de vivienda si no pública al menos con regulación pública de precios. Eso sí lo hemos aprendido de la experiencia europea, la existencia dentro del mercado de porcentajes significativos de viviendas en un régimen de precio fijado normativamente hace que el mercado en su conjunto muestre un mejor comportamiento sin incrementos de precio tan significativos.
¿Le han acusado de que es una intervención pública en un mercado libre?
—Evidentemente, no lo negamos. El porqué de la norma expropiatoria es la pieza de cierre del razonamiento. La vivienda tiene una función social, ha de servir de hogar a las familias, la Constitución Española dice que la propiedad estará sujeta a los límites impuestos por su función social. De lo que se trata no es de expropiar, 56 viviendas no nos resuelven la necesidad de parque público de vivienda, el objetivo último es que los grandes propietarios entiendan y actúen en consecuencia a la función social, no pueden mantener grandes bolsas de viviendas cerradas.
¿Quiere decir que vendrán más expropiaciones?
—El valor de este inicio del procedimiento expropiatorio no se circunscribe únicamente a estas 56 viviendas sino a todas las otras en manos de grandes tenedores cerradas y vacías en las Islas. Es un aviso a navegantes.
¿Seguirán avanzando en esta política?
—Esa es la idea, queremos ver el resultado del primer expediente de expropiación para poner en marcha un segundo con las máximas garantías. Sabemos que la lucha será en algunos aspectos encarnizada.
Tal vez el propietario intentará acelerar la venta.
—Es lo que deseamos, que grandes tenedores y fondos de inversión entiendan que estas viviendas han de estar en uso. Que las vendan o alquilen a precio de mercado, no tenemos nada que decir, es el objetivo que buscamos, que no se mantengan indefinidamente cerradas.
¿Le ha sorprendido el alcance que ha tenido la noticia?
—La verdad es que sí. Éramos conscientes de que era un tema relevante, pero la parte importante de este expediente fue realizada durante la aprobación de la ley en 2018 y los debates jurídicos previos. Generaron ruido pero nada comparable con el paso que hemos dado. Quizá nadie pensó que fuéramos capaces de darlo, pero si hay una medida en materia de vivienda es para utilizarla.
Se han planteado dudas de seguridad jurídica.
—No los hay, se puede exigir siete años de expropiación de uso para las viviendas de las que hablamos, tampoco es un freno para la inversión como se ha dicho, lo que se está haciendo es una inversión productiva. El mercado inmobiliario en general está muy vivo. La ley se puede aplicar desde 2018 y no ha tenido ningún impacto negativo sobre el volumen de transacciones sino al contrario.