El Govern balear ha ofrecido este miércoles su colaboración, a través de plazas en centros ya existentes, para acoger menores no acompañados ante la crisis que se vive en Ceuta. El Ejecutivo autonómico ha mostrado su disposición para acoger a menores no acompañados en colaboración con los consells insulares, que son los que tienen la competencia en protección y tutela de menores.
Así lo ha trasladado este miércoles la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, a la ministra de Derechos y Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la reunión urgente que ha sido convocada esta tarde con las comunidades autónomas ante la situación en que se encuentran los niños y niñas que han llegado desde Marruecos a la ciudad de Ceuta.
La Plataforma de Infancia y Save the Children han pedido este miércoles que se respeten los derechos de todos los niños y niñas ante la crisis migratoria que se está produciendo en las últimas horas en Ceuta y Melilla, y han advertido de que su devolución en caliente es «ilegal».
El Gobierno propone acoger a unos 200 menores
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto a las comunidades autónomas que acojan «en los próximos días» a unos 200 menores que han migrado solos a Ceuta, tras la llegada este lunes y martes de más de 8.000 personas de forma irregular, entre ellas, unos 1.500 menores.
Los menores a los que acogerán las CCAA son niños y niñas que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, según ha informado el Ministerio.
Así lo ha propuesto el Ministerio a las CCAA este miércoles durante la reunión del Consejo Territorial convocado de forma urgente por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para abordar la crisis migratoria en Ceuta.
En cuanto a la propuesta de este miércoles para acoger a 200 menores, el Ministerio ha informado de que Ceuta está ya en disposición de trasladar a estos niños y niñas a las comunidades autónomas, para lo que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia.