El pleno del Parlament –tal como esperaba el Govern– validó este martes el camino que permitirá al Ejecutivo autónomo tomar medidas restrictivas en caso de pandemia que incluyen los toques de queda y el cierre de empresas. Lo que hace el Parlament es reformar la ley de salud autonómica. El decreto, aprobado ayer, se debatirá luego como ley, lo que permitirá aportaciones de los grupos.
La medida llega días después de la sentencia del Supremo que anulaba medidas restrictivas y el toque de queda. Según el Supremo, porque no estaban suficientemente justificadas.
Tras el fin del segundo estado de alarma en España, el Govern aprobó el pasado 7 mayo este decreto que precisaba el aval del Parlament para que no decayera. Antes de validarse (con la abstención de Més per Menorca y de Ciudadanos y el voto en contra de PP, Vox y PI), la presidenta Armengol tuvo que responder a dos preguntas coincidentes de Antoni Costa (PP) y Jorge Campos (Vox) sobre el fallo de Supremo. Ambos incidieron en que Balears había vulnerado derechos fundamentales y limitado libertades.
«El Tribunal Supremo fue claro. Se creyeron que las libertades de los ciudadanos eran un juguete en sus manos y eso no es así», dijo Costa en su estreno como portavoz.
El decreto ley introduce medidas preventivas en situación de pandemia o epidemia como confiscar o inmovilizar productos, cerrar empresas, limitar aforos, recortar los horarios comerciales o de actividades u obligar al uso de mascarillas. Igualmente se fijan medidas de limitación de circulación y movilidad. La decisión estará en manos de la Conselleria de Salut y todas las medidas deben ser temporales y reconocer «el requisito de proporcionalidad si se limitan los derechos fundamentales y libertades públicas».
Instrumento necesario
La consellera Gómez dijo que este decreto no colisionaba con el Supremo y que la comunidad podía acogerse a la Ley de Salud.
Gómez defendió que la aprobación, en su momento, del decreto fue necesaria como «instrumento» para afrontar una situación «extraordinaria» para proteger la salud de los ciudadanos tras la finalización del segundo estado de alarma en España.
Para el portavoz ‘popular' en ese debate, Juan Manuel Lafuente, parte de este decreto ley es «ilegal» según el Supremo (TS), y de ahí «el no categórico» del PP a un decreto ley que vulnera» los derechos y libertades de los ciudadanos».
Unidas Podemos, Més per Mallorca y el PSIB avalaron el decreto. El diputado del PSIB Carles Bona opinó que el Govern, desde que comenzó la pandemia, ha protegido la salud y la «vida» de los ciudadanos y que todas sus medidas las ha sometido al examen del TSJIB.
Armengol a Costa: «He visto pasar a cuatro portavoces»
La presidenta balear, Francina Armengol, aprovechó la primera pregunta que le formuló Antoni Costa, para decirle que desde que es presidenta «he visto pasar a cuatro portavoces del PP», y citó a Bauzá, Prohens, Company y él mismo. Antes, desde el PP, la diputada Riera criticó que el PSIB hubiera «celebrado» los dos años pasados desde las elecciones.