El PP en Baleares pedirá este lunes la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament balear, si mantiene su silencio sobre su presunta implicación en el caso de la Autoritat Portuaria de Baleares (APB).
Según informó el PP balear este sábado en nota de prensa, la formación registrará este lunes una solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament si mantiene silencio y no da explicaciones públicas sobre las informaciones que la vincularían a la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción y amaños de contratos en APB, que afecta al expresidente de la entidad Joan Gual de Torrella y a otras 11 personas.
Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ante las informaciones publicados por el diario El Mundo, en las que la Guardia Civil «señala a Armengol por reunirse con el jefe de Puertos de Baleares para hablar de los amaños justo antes de su detención» y su posible implicación en los contratos investigados, «no puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones a la ciudadanía de un asunto tan grave».
«Por eso, se hace imprescindible que la presidenta dé la cara y si no lo hace durante el fin de semana, el lunes a primera hora el Grupo Parlamentario Popular solicitará su comparecencia urgente en el Parlament. El silencio no puede ser una respuesta ante un asunto como este. No prejuzgamos, preguntamos y la ciudadanía merece respuestas», afirmó Costa.
Por su parte, un portavoz autorizado del Govern aseguró ayer que asumen con «la máxima tranquilidad» las informaciones publicadas hasta el momento. Las fuentes del Ejecutivo autonómico admitieron encuentros entre Armengol y el presidente de la APB antes del operativo judicial, siempre en el marco de las relaciones institucionales. Aseguran que las insinuaciones «no tienen recorrido». Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico dijeron el viernes que Armengol no está «investigada ni señalada».
Los testigos
Cabe destacar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la magistrada Martina Mora, tomará declaración a finales de mes a testigos del caso de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), y en octubre hará lo mismo con los investigados, entre ellos, el expresidente del organismo, Joan Gual de Torrella.
Tras casi un año desde que tuvo lugar la operación en la que Gual de Torrella fue detenido, la magistrada ha levantado recientemente el secreto sobre parte de la causa; en concreto, sobre una pieza relacionada con una adjudicación en Menorca a la sociedad Marina Asmen. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que entre la documentación de esta pieza separada consta un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, donde aparece un documento de la secretaria de Gual con notas manuscritas en las que se puede leer ‘Francina' y un listado de temas a tratar que están relacionados presuntamente con los amaños que se investigan.
Entre el 26 y el 29 de julio el Juzgado tomará declaración a casi una veintena de testigos. No será hasta principios de octubre, entre los días 4 y 7, que puedan hacerlo los investigados, comenzando por el expresidente de la APB Joan Gual de Torrella, el exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll. Hasta ahora, la causa había permanecido bajo secreto y no habían trascendido avances en la investigación. Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.
El caso de Menorca
Solamente se ha levantado el secreto para una pieza separada, la identificada como ‘Mahón-ASMEN', que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca. Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.
El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico de la APB en Menorca. También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria del concurso, Marina Asmen, a varios responsables de las mismas como investigados, y al expresidente de una patronal náutica de Menorca.
La juez apreciaba en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados. Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso ad hoc para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.