Francia e Italia ya han regulado el uso obligatorio del pasaporte COVID para, además de viajar por la Unión Europea, tener acceso a numerosas actividades de ocio previniendo la propagación de contagios. Ésta es también la idea de la presidenta del Govern, Francina Armengol, tiene para Balears y acudió ayer a la Conferencia de Presidentes solicitando al Estado que «dé el paso que están dando otros países».
La ministra de Sanidad avanzó el pasado miércoles que no se haría una regulación a nivel nacional e instó a las autonomías a desplegar sus propios reglamentos jurídicos. Pero ya hay un precedente que indica que no parece posible. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la medida, similar a la que se quiere desplegar en Balears, al considerar que los datos sanitarios de cada persona son parte de su intimidad y se violaría este derecho.
Así pues, la presidenta Armengol reclamó que sea el Ejecutivo quien ponga al servicio de las autonomías el también llamado certificado COVID para que puedan implementar respuestas específicas que fomenten la vacunación y, a la vez, garanticen la seguridad de actividades sociales y económicas.
Durante su intervención, la presidenta destacó que para Balears es «fundamental» disponer del pasaporte europeo, ya que un certificado autonómico para controlar los accesos a interiores o a eventos no sería suficiente en las Islas al excluir a los extranjeros, es decir, a los miles de turistas que viajan a las Islas.
Armengol instó al Estado a mirarse en el espejo de Europa y avanzar como lo han hecho otros países en una herramienta clave «para la movilidad europea pero también para garantizar la reactivación segura y completa de todas las actividades y fomentar la vacunación de la población, sobre todo la más joven», dijo.
A día de hoy, el pasaporte COVID sólo es válido para la libre movilidad entre los países de la Unión Europea. Según recoge la misma normativa que le dio luz, para ampliar sus usos es necesario que cada Estado lo regule de forma específica.
Si bien también sirve para acreditar si se ha pasado la infección o se lleva una doble pauta de vacunación en los desplazamientos entre Balears y la Península, las Islas todavía no disponen del necesario lector del código QR en las llegadas de vuelos y barcos nacionales, aunque lo tienen solicitado.
La decisión del Estado de mantenerse al margen en esta regularización ha enfrentado a varias comunidades y frena una de las medidas estrella del Govern para la reactivación del ocio y los eventos deportivos de forma segura. «Lo queremos para garantizar las actividades de más riesgo e incentivar la vacunación. En Balears ya está abierta a todos los mayores de 12 años por lo que no se genera discriminación», respondió Armengol sobre el punto de desacuerdo.
Cabe recordar que esta propuesta ya se presentó tras el Consell de Govern del 19 de julio, donde se aprobaron las restricciones a la movilidad nocturna que, por cierto, se alargarán en su conjunto hasta el próximo 23 de agosto, según anunció en otro escenario, la consellera de Salut, Patricia Gómez.
El reto demográfico
La necesidad de cambiar el modelo del sistema de financiación autonómico estuvo también sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes. Francina Armengol le dio una vuelta a la teoría de la despoblación que «entedemos y apoyamos», y puso el foco en el otro reto demográfico: «en los últimos 20 años nuestra población ha crecido de media un 39 %, más del doble que la estatal».
El problema en las Islas es de hiperpoblación y de población flotante «lo que nos obliga a hacer más escuelas, centros de salud y vivienda», confesó. Para afrontar este reto, Armengol solició ayuda «porque mientras crecemos, perdemos 20 puntos con la convergencia europea y 20 puntos de nuestro PIB per cápita, lo que no ha significado un enriquecimiento, más bien lo contrario», dijo.
La presidenta del Govern defendió que todos los ciudadanos de España tengan los mismos derechos, «vivan dónde vivan» y en este punto reconoció que en Balears no sucede «porque le falta el cumplimiento del Régimen Especial, parte del régimen fiscal y un sistema de financiación autonómico que ligue con un planteamiento más justo».
Las Islas son la comunidad que más aportan al Estado con el actual modelo de financiación pero se ven relegadas a la octava o novena posición a la hora de recibir. De ahí que la jefa del Ejecutivo pidiera que su reforma tenga en cuenta el criterio de ordinalidad y una dotación adecuada a las necesidades reales de una población que crece.
Además de más financiación, Balears pidió la intervención del Estado en inversiones básicas como la depuración de aguas o el acceso a la vivienda pública.