Los 140 millones de euros que prevé recaudar el Govern el año que viene con la ecotasa no irán a inversiones ambientales. El proyecto de Presupuestos de la Comunitat para el año que viene incluye una disposición adicional por la que vuelve a dejar en suspenso el funcionamiento de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, la encargada de repartir los fondo. La disposición adicional quinta señala que los recursos del fondo para favorecer el turismo sostenible correspondientes a 2021 y 2022 se destinarán a financiar los gastos y las inversiones relacionadas con la pandemia de la COVID-19 «destinadas a hacer frente a los efectos directos de esta pandemia». El mismo artículo prevé que esos 140 millones de euros se destinen también «a la recuperación, transformación e impulso económico que requieran un seguimiento presupuestario diferenciado» de acuerdo con lo que establece la Ley de medidas extraordinarias y urgentes para el gasto de los fondos europeos.
Sin reuniones hasta 2023
La Comisión de Impulso del Turismo Sostenible volverá a ejercer sus funciones en 2023, según figura en el proyecto de Presupuestos. Eso significa que no se reunirá hasta 2023 para aprobar el plan anual de impulso del turismo sostenible correspondiente a ese año. Durante la presentación del proyecto de Presupuestos, la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, explicó que el Govern ha tomado esta medida debido a que dispondrá de dinero para hacer inversiones gracias a las transferencias de los fondos europeos y a las previsiones incluidas en el factor de insularidad, que por primera vez se recoge en los Presupuestos de Balears. La diferencia está en que, por esta vía, el Govern podrá gastar el dinero en los proyectos que le interesen sin necesidad de atender las peticiones de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible. El primer año de aplicación del impuesto ya se generó una gran polémica porque la mayor parte de los proyectos que aprobó la Comisión ya estaban recogidas en los Presupuestos de las respectivas conselleries, lo que significaba que el Govern tenía decididas de antemano las inversiones sin someterlas a la valoración de la Comisión. Con la suspensión de este organismo, el Govern podrá decidir a qué destina las inversiones sin necesidad de tener que someterlas a la opinión de la Comisión, en la que están representados los consells, el Ajuntament de Palma, la FELIB, CCOO, UGT, CAEB, PIME, el GOB y otros cuatro entidades ecologistas, además del Consejo Agrario Interinsular.
Las críticas
El GOB ha sido muy crítico con algunas actuaciones que se han financiado con el dinero de la ecotasa ya que entiende que no son actividades ambientales o de desarrollo del turismo sostenible, que es el objeto de la Ley que regula el Impuestos Turístico. Entre los objetivos de la ecotasa están la protección del medio natural, rural, agrario y marino, el fomento de la desestacionalización turística, con campañas de promoción de un turismo sostenible, la recuperación del patrimonio histórico de las Islas, el impulso a proyectos de investigación y desarrollo y la mejora de la formación y el empleo de los trabajadores de la Comunitat.
El decreto que desarrolla la aplicación de la ley establece que todos los turistas deben pagar la ecotasa de entre dos y cuatro euros en función del categoría del hotel, incluidos los que llegan en un crucero. No obstante, establece tres exenciones por las que no se paga este impuesto: cuando la estancia en un hotel se debe a una situación de catástrofe, cuando se debe a desplazamientos por causas sanitarias y para viajes como los del Imserso.