Los incumplidores de la normativa COVID seguirán siendo multados el año que viene con dureza. El Govern ha incorporado por primera vez en los Presupuestos una previsión de ingresos por sanciones relacionadas con la pandemia: suma 1,8 millones de euros y representa una de las partidas más importantes de los 14,3 millones de euros que prevé ingresar el Ejecutivo en multas el año que viene. Los ingresos por penalizaciones a empresas y ciudadanos no se encuentran entre las partidas más importantes de las cuentas del Govern para el año que viene pero sí son relevantes porque afectan a miles de ciudadanos. El caso de las multas por los incumplimientos de la normativa COVID es un ejemplo.
Los servicios de inspección y las distintas policías han registrado en lo que llevamos de año un total de 27.497 sanciones por saltarse la normativa sanitaria. Estas sanciones llevan una larga tramitación, por lo que fuentes del Ejecutivo aseguran que esa previsión de cobro de 1,8 millones de euros puede que se quede corta y en realidad los ingresos por sanciones sean más elevados con la incorporación de expedientes que han comenzado a tramitarse este año y que acabarán el año que viene. «Es una previsión realista, pero tirando a la baja y muy ajustada», aseguran desde la Conselleria de Presidència.
Por su importancia económica, además de la previsión de ingresos por sanciones COVID, en los Presupuestos destacan los 3,1 millones de euros que prevé recaudar la Conselleria de Salut por infracciones. Es una cantidad ligeramente inferior a los 4 millones que presupuestó en las cuentas de este año. Es significativo el descenso en las previsiones de multas en la Conselleria de Model Econòmic. En infracciones en materia de turismo, se prevén unas sanciones de 1,5 millones de euros frente a los 2,5 millones de este año. Estas penalizaciones se deben a incumplimientos en la legislación turística, como por ejemplo el alquiler vacacional no autorizado a través de plataformas de internet.
El caso de Treball
También hay un descenso en las previsiones de recaudación en infracciones en materia laboral. La Direcció General de Treball prevé unos ingresos por sanciones de un millón de euros frente al 1,3 de este año, pero también el Institut Balear de Seguretat Laboral calcula que ingresará la mitad que este año: un millón de euros durante 2022. En total, las previsiones de recaudación para todo el año van a la baja ya que los 14,3 millones de euros están por debajo de los 15,3 que se presupuestaron para este año. El descenso sería aún mayor si se quitaran esos 1,8 millones de las multas COVID ya que en los Presupuestos de este año no aparece esa partida específica.