La asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor' ha acusado este jueves al PSIB de «engaño» por «declarar el castellano como vehicular y dejarlo luego sin efecto», por una enmienda a la futura ley educativa que deja en manos del proyecto lingüístico de cada centro el impartir o no alguna materia troncal en castellano. En un comunicado, PLIS ha indicado que el PSIB ha llegado a un acuerdo con MÉS per Menorca para votar este jueves esta enmienda. Para la asociación, en la práctica supone «continuar con la inmersión en catalán y arrinconar el castellano».
PLIS ha considerado esto «el enésimo engaño del PSIB a los ciudadanos». Según la plataforma, declarando el español como lengua vehicular el PSIB «sortearía el mandato del Tribunal Constitucional que así lo viene exigiendo», pero al dejar en manos del proyecto lingüístico de los centros la decisión de impartir materias troncales en castellano estaría al mismo tiempo «incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo». En este contexto, PLIS ha puntualizado que, al mismo tiempo, la ley podría ser declarada constitucional porque los proyectos lingüísticos de centro contemplarían, «al menos en teoría», el castellano como lengua vehicular, aunque «a la hora de verdad» se traduzca en no impartir ninguna clase en castellano más allá de la asignatura de lengua.
Así, PLIS ha lamentado que el cambio «sería puramente retórico» y a los alumnos «para nada se les garantizaría el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano que ha fijado el Tribunal Supremo». Según la entidad, la «trampa» de PSIB y MÉS per Menorca consiste «en abstenerse de fijar algún porcentaje o mínimo de horas o materias en la ley educativa para no constreñir al director y al consejo escolar a la hora de redactar y aprobar el proyecto lingüístico de su centro».
Con todo, PLIS ha avisado de que igualmente el Tribunal Supremo «ha reiterado en varias ocasiones que cada autonomía debe fijar un mínimo de horas lectivas en castellano y catalán». «A falta de voluntad de hacerlo por parte de la autonomía balear, seguiría rigiendo el mínimo de un 25% para cualquiera de las dos lenguas cooficiales. La trampa del PSIB seguiría desoyendo nuestro ordenamiento jurídico», considera. Paralelamente, PLIS cree que se dejará «desasistidos judicialmente» a los directores de centro, «pues serán los únicos objetos de pleito contencioso o penal si no cumplen con la jurisprudencia».