La exclusión de 2.500 celadores de los bolsines del IB-Salut por carecer de título de catalán llega a los juzgados de Palma. Un grupo de afectados ha planteado una demanda en la que piden la nulidad de la orden del director general y ser incluidos de nuevo en los listados. Además, de forma cautelar, han reclamado al Juzgado de lo Contencioso 2 de Palma que paralice todo el procedimiento o que permita la inclusión de los excluidos por la decisión administrativa. El concurso se convocó el pasado mes de julio para abrir de nuevo la bolsa única de la categoría de celadores. El objetivo era actualizar el listado y permitir nuevas incorporaciones al bolsín al que recurre el IB-Salut para contrataciones temporales. Hasta este procedimiento se había permitido que la exigencia del nivel A2 de catalán no se cumpliera en el momento de la inscripción en el listín sino más adelante. De hecho, entre los centenares de excluidos del procedimiento se encuentran profesionales que llevaban años trabajando para el servicio público sanitario. La demanda, planteada en representación de una veintena de afectados por el despacho Florit Abogados, señala que el conocimiento del catalán «no puede ser causa de exclusión del procedimiento selectivo y menos aún en el caso del personal ya inscrito».
Los afectados sostienen que la administración en este caso actúa en contra de sus actos anteriores ya que exige ahora un requisito que antes no aplicaba: «Genera inseguridad jurídica manifiesta a los afectados, en este caso excluidos de la lista única por la aplicación a posteriori y de manera rigorista de un requisito anteriormente no exigido o al menos suavizado en su aplicación o exigencia», afirman. Otro de los motivos del recurso es que, en otros bolsines similares, el IB-Salut no ha excluido a ningún aspirante por falta de la titulación de catalán. Ponen como ejemplo la convocatoria posterior para personal de enfermería en la que no se excluyó a nadie por el título y se permitió acreditarlo a posteriori. En esta convocatoria, aprobada el 11 de enero de este año, se acuerda aplicar una exención sobre el conocimiento de la lengua catalana.
La demanda sostiene que este hecho produce una lesión a los celadores «al aplicar la exención alegada a otro colectivo profesional, mientras que se deniega al colectivo de celadores». El recurso también plantea cuestiones de forma de la propia convocatoria que, sostienen, «no prevé que a partir de una actualización se puedan excluir a candidatos ya incluidos en ellos». Es decir, que sólo se permitía añadir a nuevos aspirantes y actualizar los méritos de los que ya estaban inscritos. La demanda reclama que se declare nula la resolución del IB-Salut por falta de motivación y plantea la necesidad de medidas cautelares. El juzgado tendrá que empezar por resolver esta cuestión en las próximas semanas.
Una norma anulada por la sentencia del TSJIB sobre la lengua en sanidad
El recurso recuerda que la exigencia de capacitación lingüística del personal estatutario se establecía en un decreto que fue anulado por el TSJIB. De ahí, señalan, que al introducir un requisito nuevo en la convocatoria «el IB-Salut ha actuado contra sus propios actos al aplicarla sin considerar la cauística generada y los derechos adquiridos por los participantes». También alertan al juez del posible daño al bien común que deriva de la exclusión de esos 2.500 profesionales ya que, sostienen que corre peligro la correcta prestación del servicio sanitario en las Islas ante el riesgo de que el IB-Salut se quede sin celadores. La decisión administrativa dejó fuera del bolsín prácticamente a la mitad de las personas que estaban incluidas y con las que se cubrían las necesidades de personal.