Las situaciones de insolvencia en Baleares, tanto de empresas como de personas físicas, se situaron el año pasado en niveles cercanos a sus máximos históricos. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, en total fueron 464 los concursos de acreedores que recibieron los juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia. De toda la serie histórica que almacena el organismo, solo un año ha sido peor:2013 con la gran explosión de quiebras empresariales con la que terminó la gran recesión de la pasada década.
Esta vez las empresas que recurren al concurso también suben pero, sin embargo, el gran impulso a estos procesos viene de las personas físicas no empresarias que intentan acogerse a mecanismos de segunda oportunidad. El año pasado se presentaron 258 procedimientos de este tipo, que casi multiplican por tres las previas a la pandemia.
Los concursos de empresas también suben hasta cifras no vistas en ocho años. En 2021 fueron 206 las empresas que solicitaron el concurso voluntario, un 22 por ciento más que en 2019 y también más que en 2020, cuando fueron 182. Ese incremento se produce a pesar de que aún está en vigor la moratoria concursal que exime a los administradores de responsabilidad en caso de no solicitar el concurso voluntario y que impide que se insten concursos forzosos. La medida lleva en vigor desde la primavera de 2020 y tiene fecha de caducidad en junio de este año.
Lanzamientos
Lo que por el momento no sufre un gran incremento pese a las consecuencias económica de la pandemia son los lanzamientos y desahucios. De hecho, sí que parece que las medidas para impedir el desalojo de personas en riesgo han paliado los desalojos. En 2021 se practicaron 1.351 en Balears, alrededor de 500 menos que en 2019 y son en torno a 242 más que en 2020. Sin embargo, lo que sí ha crecido son las peticiones que llegan a los juzgados de desahucios, que fueron 5.611 el año pasado. La inmensa mayoría de los lanzamientos tienen que ver con alquileres aunque, por primera vez en una década, comienzan a subir las peticiones de ejecución hipotecaria. Las entidades bancarias instaron un total de 494, casi un 50 por ciento más que el año pasado.