La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este martes un plan de 25 medidas que contempla 70 millones de ayudas directas y habilitará líneas de crédito de ISBA por valor de 36 millones de euros. Por tanto, el Govern movilizará más de 100 millones «de una manera inmediata» para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Así lo ha dado a conocer la jefa del Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament, donde ha comparecido para evaluar el impacto del conflicto bélico.
Armengol ha recordado que la semana pasada acordaron un primer paquete de ayudas directas de cinco millones de euros para el transporte. «Hablamos de 7.000 empresarios y autónomos que están padeciendo las consecuencias de la escalada energética. En este punto, ha agradecido al conseller de Mobilitat, Josep Marí, que cerrarse un acuerdo con los transportistas antes que en la Península. Posteriormente, el Gobierno ha acordado destinar 1.000 millones de euros a todo este colectivo en España; cada vehículo profesional recibirá entre 300 y 1.000 euros por la subida de los carburantes.
Por su parte, los agricultores, ganaderos y pescadores recibirán siete millones de euros en ayudas. Además, se canalizará liquidez por un valor de seis millones a través de ISBA para el sector primario y se crearán otras dos líneas de ayudas directas. La primera permitirá a las embarcaciones pesqueras compensar la subida de carburantes con un millón y medio; la segunda subvencionará el transporte de materias primas del sector agrario y ganadero con 2,5 millones. Además, los pescadores estarán exonerados de las tasas en los puertos autonómicos, mientras que a las navieras que transportan mercancías se les aplicará una rebaja en los puertos de titularidad de las Islas.
En relación al resto de sectores, la presidenta ha detallado que al resto de sectores se le prorrogarán las carencias de los créditos ISBA, que «en los dos últimos años años han hecho llegar 285 millones a 3.300 empresas y autónomos de estas Islas». «Ahora impulsaremos nuevas medidas de liquidez para movilizar hasta 30 millones de euros en financiación hacia nuestro tejido productivo, una cantidad que se suma a los 70 millones de euros» que ya estaban disponibles. «Serán así 100 millones de créditos, a los que se añadirán los más de 410 millones que calculamos que pueden llegar dentro de la nueva línea ICO de 10.000 millones, activada desde el Estado para hacer frente a las necesidades provocadas por la guerra y el choque de precios», ha resaltado.
También se pondrán en marcha medidas destinadas al pequeño comercio. En concreto, se reforzará la campaña de bonos para estimular la actividad. «Inicialmente activaremos 1.250.000 euros (que generan compras de clientes por un valor de 3.750.000 euros)». Además, ha señalado que el objetivo es sumar programas municipales y poder triplicar la cuantía, hasta llegar a los 10 millones de euros.
Todas estas medidas se aprobarán este próximo miércoles en un Consell de Govern extraordinario. Donde también se actualizará el presupuesto de las adjudicaciones de obra pública «para proteger la ocupación y garantizar la ejecución de inversiones clave». En concreto, se activará un mecanismo de revisión de los contratos adjudicados, que supondrá que el Govern canalizará directamente a las empresas al menos 36,8 millones adicionales al año, a los que se deben sumar las actualizaciones que puedan hacer los consells y los consistorios. Una estrategia similar se aplicará en contratos de servicios públicos, como el transporte escolar y otras formas de transporte público regular, que «se actualizarán para asegurar la viabilidad de las empresas y evitar sobrecostes a las familias y usuarios»
La jefa del Ejecutivo ha resaltado que su plan está consensuado con los agentes sociales y los partidos políticos; lo ha definido como «plan de país». Armengol ha recordado que la clave a la respuesta al choque de precios es europea y estatal. Aquí ha puesto de manifiesto los logros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia energética en el último consejo europeo. También ha hecho especial hincapié en la rebaja del precio del combustible que permitirá ahorrar a los ciudadanos de las Islas 43 millones de euros. Además, ha precisado que la extensión del bono social eléctrico permitirá pasar de las 15.000 familias que ahora se benefician de esta medida a 22.000.
Sus primeras palabras han sido de condena a Vladimir Putin, al que ha catalogado de déspota. Además, ha agradecido la acogida de los ciudadanos a los ucranianos. «Estamos obligados a reaccionar a la tragedia», ha manifestado la presidenta al tiempo que ha recordado que se han habilitado 250 plazas para los refugiados, a las que hay que sumar las 350 de la Federación Hotelera. «Es una guerra contra los valores europeos», ha manifestado y ha asegurado que «esta guerra no la podemos perder».
La presidenta ha recordado que la pandemia continúa, pero ha señalado que la crisis se estaba superando de una manera ejemplar en las Islas, aunque ha reconocido que padecemos como pocos la subida de precios. En este punto, ha puesto sobre la mesa datos para acreditar que los precios se han disparado tras la invasión de Ucrania. En este orden de cosas, ha destacado que en las Islas no se han producido desabastecimientos por la huelga de transportistas, ya que se ha llegado a acuerdos antes que en la Península. A su modo de ver, «hemos de intentar repartir entre todos el precio de la guerra» y ha avanzado que se hará con el mismo método empleado en la pandemia: «diálogo, suma de ideas y trabajo».