El Govern introduce por decreto nuevas modificaciones en la ley de turismo que en estos momentos está tramitando el Parlament. El Ejecutivo ha aprovechado el decreto que endurece las sanciones contra las fiestas pirata para incorporar nuevos cambios en la ley de turismo.
Se modifica el texto de una norma que está en tramitación para endurecer el régimen sancionador por incumplimientos en el inicio o desarrollo de una actividad turística. Es decir, la posibilidad de quitar la licencia a una vivienda vacacional que acoja fiestas piratas es, de hecho, un cambio en la ley.
Texto en tramitación
Lo sorprendente de esta modificación aprobada por decreto ley es que no se haya aprovechado la tramitación parlamentaria para hacer los cambios. La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, explica que se ha optado por la vía del decreto ley porque ya había acabado el plazo para presentar enmiendas.
Eso hace que cualquier propuesta de modificación deba hacerse con el acuerdo tácito de todos los partidos y en el Govern no tenían clara esta posibilidad ya que temían que algún partido se opusiera. Garrido explica, además, que esta modificación exprés se hace a propuesta del Consell d'Eivissa, lo que implica que cuenta con el apoyo del PP.
Este cambio de ley por decreto cuando se está tramitando el texto no ha gustado a los partidos minoritarios en la cámara. «El Ejecutivo vuelve a meter sus zarpas en la tramitación parlamentaria», asegura. Guasp lamenta la falta de respeto del Govern al Parlament y sus constantes «injerencias». También critica que representantes del Ejecutivo se hagan fotos con diputados y una representación de la Federación Hotelera que se vio hace unos días en el Parlament.
Más críticas
El portavoz del PI, Josep Melià, también es crítico con la intromisión del Govern en la modificación de la ley del turismo. «Están haciendo un abuso absoluto de la figura del decreto ley y en ningún caso es urgente recurrir a esta aprobación para cambiar el régimen sancionador», señala.
«El Govern pretende dar lecciones de consenso, pero todo lo aprueba por decreto», insiste. El diputado del PI critica también el contenido de la modificación porque y califica de «abuso absoluto» que se sancione a los propietarios de las viviendas vacacionales en las que se organicen fiestas pirata. «Crean una indefensión total, es una medida probablemente inconstitucional y es un escándalo jurídico de primer orden», considera el portavoz del partido insularista.
El apunte
Muchos se han beneficiado de las fiestas ilegales: taxistas, camareros, relaciones públicas, distribuidores de bebidas, etc... y por supuesto algunos propietarios de inmuebles (los de Can Palau alquilaron su finca a sabiendas a narcotraficantes napolitanos). Todos son responsables por esta PPenosa situación.